Los sindicatos cocaleros del Trópico de Cochabamba anunciaron este domingo su adhesión a las manifestaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503 que dispone una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país.
Wilma Colque, presidenta de las seis federaciones cocaleras, convocó a los afiliados a una reunión este martes 30 de diciembre en la que determinarán las acciones a seguir. “Vamos a participar en estas marchas y movilizaciones para abrogar el decreto. No se trata solamente del gasolinazo o la subvención, detrás de esto hay 121 artículos que perjudican y está rifando a Bolivia con todos sus recursos naturales”, manifestó Colque.
El decreto, promulgado el 17 de diciembre por el presidente Rodrigo Paz y su gabinete de ministros, articula un paquete excepcional de ajustes para estabilizar la macroeconomía y asegurar el abastecimiento de combustibles.
Entre las medidas más visibles está el levantamiento de las subvenciones a los hidrocarburos, que resultó en un incremento de los precios del diésel y la gasolina; además de un mecanismo “fast track” para acelerar inversiones y flexibilizaciones impositivas y aduaneras destinadas a atraer capital y favorecer la importación de bienes productivos.

La norma también incluye beneficios económicos como el incremento del 20% en el salario mínimo nacional y el aumento de bonos sociales para estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
Para la dirigente cocalera, el decreto es “inconstitucional” porque diseña un mecanismo de aprobación de contratos sobre recursos naturales que omite algunas disposiciones constitucionales como la consulta previa en las comunidades afectadas y la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Rechazamos contundentemente”, finalizó Colque en un video difundido en redes sociales este domingo.
La semana pasada, la COB encabezó marchas para exigir la aprobación del decreto que terminaron en enfrentamientos con la Policía y una reunión con el Gobierno en la que no se alcanzaron acuerdos. En ese contexto, los dirigentes anunciaron que continuarán movilizados con el respaldo de trabajadores mineros, campesinos, fabriles y maestros rurales.
El decreto también ha profundizado la grieta entre Paz y el vicepresidente Edmand Lara, quien se ha declarado en “oposición constructiva” frente al Gobierno. El fin de semana, Lara expresó su apoyo a las protestas y arremetió contra la administración de Paz en un mensaje difundido en redes sociales: “Este Gobierno se ha puesto del lado de los ricos y ha lanzado un decreto que yo llamo del hambre, del desempleo”.
El vicepresidente pidió a los sectores movilizados que sean “fuertes” y les dijo que “se vienen días mejores”.
Mientras algunos sectores se mantienen en pie de protesta, el Gobierno afirmó que no dará marcha atrás en la implementación de las medidas y busca sumar respaldo al paquete de reformas económicas mediante reuniones con diferentes sectores sociales.
El fin de semana, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, difundió un mensaje a través de redes sociales en el que aseguró que el Gobierno continuará trabajando “para sacar a Bolivia de la crisis” y llamó a los sectores sociales movilizados a dejar de lado la confrontación, los bloqueos y la violencia.
“Estamos aquí para dar la vuelta a la hoja, pasar de la cultura de la confrontación, los bloqueos y la violencia a la de la tolerancia, la convivencia y el diálogo para vivir y trabajar en paz y en libertad”, afirmó en un video.
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