La bancada del correísmo Revolución Ciudadana (RC) anunció que presentará una solicitud de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, en medio de una creciente controversia por presuntas injerencias en procesos judiciales sensibles, denuncias de presiones a jueces y cuestionamientos al proceso que derivó en su designación.
El anuncio fue realizado por la asambleísta Viviana Veloz, luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional resolviera convocar a Godoy para que rinda explicaciones sobre hechos considerados de alto impacto institucional .
El eje central de la controversia gira en torno a la denuncia del juez Carlos Serrano, quien aseguró haber recibido presiones desde la estructura administrativa de la Judicatura mientras conocía un caso de lavado de activos vinculado al narcotráfico.
La causa terminó con una sentencia de diez años de prisión contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, identificado por las autoridades como parte de una estructura criminal internacional. Tras ese fallo, Serrano denunció amenazas, el retiro de su seguridad policial y una serie de decisiones administrativas que, según su versión, pusieron en riesgo su integridad y la de su familia.
El caso escaló cuando se difundieron audios en los que se escucha al entonces director provincial de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, solicitar al juez que “preste atención” a la defensa del procesado. Las grabaciones, fechadas en noviembre de 2025 y divulgadas por el medio Primicias, son consideradas por la RC como un indicio directo de interferencia indebida en la función jurisdiccional. Gaibor fue posteriormente requerido para que presente su renuncia, mientras la Fiscalía abrió una investigación previa por presunto tráfico de influencias.
A este escenario se sumó la revelación de que Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, constó como defensora del ciudadano serbio durante la etapa previa al juicio, según registros del sistema judicial. Aunque Godoy ha insistido en que esa participación no constituye un conflicto de intereses y que recibir notificaciones no implica actuación procesal, el vínculo ha alimentado las críticas sobre la independencia del órgano encargado de gobernar y disciplinar a la Función Judicial.
En este contexto, Veloz sostuvo que el juicio político no solo apuntará contra Godoy, sino también contra varios vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), a quienes acusa de haber desestimado impugnaciones ciudadanas y alertas sobre la probidad del actual presidente de la Judicatura durante el proceso de selección. Según la legisladora, existieron presiones políticas y una “acomodación de tiempos” que favorecieron su nombramiento, pese a las observaciones planteadas en la fase de impugnación.
Godoy, por su parte, ha rechazado de forma reiterada cualquier vínculo con las presuntas presiones al juez Serrano. En entrevistas concedidas tras estallar el escándalo, calificó las acusaciones como “infamias” y aseguró que no ha solicitado a ningún funcionario intervenir a favor o en contra de ninguna causa judicial. También afirmó que los audios difundidos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y que será ese organismo el que determine responsabilidades.
El presidente de la Judicatura anunció además que solicitará una licencia temporal para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional, argumentando que busca evitar interferencias entre el proceso político y el funcionamiento institucional del organismo que dirige. La comparecencia, aprobada por amplia mayoría del Pleno, deberá realizarse una vez concluido el receso legislativo, previsto hasta inicios de enero de 2026.
Para la Revolución Ciudadana, el caso Godoy refleja una crisis estructural de la Judicatura y una falta de garantías para jueces que conocen procesos de alto riesgo. Desde algunos sectores del oficialismo, en cambio, se advierte que el juicio solo podrá avanzar si se presentan pruebas sólidas que configuren causales constitucionales de censura y destitución.
Mientras tanto, la Judicatura enfrenta un escrutinio público sin precedentes en los últimos años, con investigaciones abiertas, funcionarios separados de sus cargos y un debate que trasciende a la figura de Mario Godoy para poner en cuestión la independencia judicial en Ecuador.
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