La justicia ecuatoriana enfrenta uno de sus episodios más delicados de los últimos años tras revelarse que Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, defendió legalmente al serbio Jezdimir Srdan condenado por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico, mientras que el juez Carlos Serrano, que dictó la sentencia, denunció amenazas de muerte y posteriormente perdió el resguardo policial que le había sido asignado. El caso ha escalado al plano político y derivó en la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de convocar a comparecer al titular del organismo que administra la Función Judicial.
El escándalo se originó a partir del proceso penal seguido contra el serbio Srdan sentenciado a diez años de prisión por delitos relacionados con lavado de activos, en el marco de una investigación sobre estructuras de crimen organizado con ramificaciones internacionales.
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Durante la audiencia de juzgamiento, realizada de forma telemática desde un centro de privación de libertad, el procesado realizó un gesto que fue interpretado como una amenaza directa contra los magistrados que integraban el tribunal. Días después, el juez que participó en la condena denunció haber recibido presiones indebidas y amenazas contra su vida.
Las revelaciones tomaron mayor gravedad cuando se conoció que la abogada que defendió al ciudadano serbio durante la fase previa del proceso era la esposa de Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura. La defensa habría ocurrido antes del matrimonio, pero el vínculo personal y la continuidad de notificaciones judiciales a nombre de la abogada abrieron cuestionamientos sobre eventuales conflictos de interés y la necesidad de una evaluación ética e institucional del caso.
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El juez Serrano afirmó públicamente que fue objeto de presiones internas para modificar su decisión y que, tras denunciar estos hechos, se le retiró la seguridad policial asignada, pese a la gravedad de las amenazas recibidas. La eliminación de las medidas de protección, según versiones oficiales, obedeció a una nueva evaluación de riesgo; sin embargo, el magistrado sostuvo que la decisión lo dejó en una situación de vulnerabilidad incompatible con el ejercicio independiente de la función judicial. Posteriormente, presentó su renuncia irrevocable.
Frente a estos hechos, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa para determinar si existieron delitos como tráfico de influencias, intimidación o obstrucción a la justicia. De forma paralela, organizaciones de juristas y sectores de la sociedad civil advirtieron que el caso podría sentar un precedente negativo en un contexto marcado por la expansión del crimen organizado y la violencia contra operadores de justicia.
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La dimensión política del caso se consolidó este viernes, cuando la Presidencia de la Asamblea anunció la convocatoria al Pleno para tratar la comparecencia de Mario Godoy. Según el comunicado oficial, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, citó a los legisladores a una sesión con el objetivo de fijar un término de ocho días para que el titular de la Judicatura comparezca de manera presencial e indelegable ante el Parlamento. Lo que significa que su comparecencia será tras las festividades de diciembre.
La convocatoria responde, según el texto, a la “gravedad de las denuncias relacionadas con presuntas intromisiones en la administración de justicia” y a la necesidad de que el control político se ejerza de forma colegiada, legítima y representativa.
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El comunicado subraya que la comparecencia deberá desarrollarse con pleno respeto al debido proceso y al derecho a la defensa, conforme al artículo 76 de la Constitución, garantizando que el funcionario cuente con el tiempo y los medios adecuados para preparar su respuesta y sea escuchado en igualdad de condiciones. No obstante, la Presidencia de la Asamblea enfatizó la urgencia institucional del caso y la responsabilidad del Parlamento frente al país, en un momento de alta sensibilidad para la credibilidad del sistema judicial.
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