La Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país, confirmó este domingo que mantiene la huelga nacional convocada para este lunes contra el decreto 5503, que elimina la subvención a los combustibles vigente desde hace más de dos décadas. La decisión se produce pese a los acuerdos parciales alcanzados por el Gobierno con otros sectores sociales para evitar las medidas de presión.
“Nosotros no vamos a declinar, no vamos a negociar al margen de nuestro pueblo”, afirmó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, en un mensaje grabado junto a otros dirigentes sindicales. El líder rechazó versiones sobre un supuesto pacto “unilateral y oculto” con el Ejecutivo y ratificó marchas y bloqueos desde las primeras horas del lunes.
Argollo calificó el decreto como una medida “arbitraria” que, a su juicio, beneficia a “un sector privilegiado, empresarial y burgués”. En ese marco, llamó a distintos sectores sociales a sumarse a la protesta y aseguró que la movilización no tiene un carácter político, sino reivindicativo.
La huelga fue inicialmente convocada el viernes por la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia como un paro “general e indefinido” para exigir la anulación del decreto 5503. A la medida se sumaron la COB y sectores de campesinos cocaleros afines al ex presidente Evo Morales, lo que elevó la tensión social durante el fin de semana.
Sin embargo, el Gobierno de Rodrigo Paz logró este domingo desactivar parte de la presión tras firmar acuerdos con transportistas de carga de Cochabamba, que aceptaron instalar mesas de trabajo sobre asuntos tributarios y aduaneros y descartaron plegarse al paro.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, uno de los negociadores, sostuvo que para superar la crisis económica “es necesario trabajar” y que “nadie va a salir de este momento bloqueando”, según declaraciones difundidas por el Ejecutivo. En la víspera, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, había sellado un entendimiento similar con transportistas de carga pesada de Santa Cruz.
En La Paz, el presidente Paz también se reunió con mineros auríferos y juntas vecinales, que resolvieron no sumarse a la huelga. Para la noche del domingo, el mandatario anunció un mensaje a la población por el canal estatal Bolivia TV para explicar los alcances del decreto y reiterar que la medida “no se va a cambiar”.
El decreto 5503, emitido el miércoles, fija nuevos precios para los combustibles: 6,96 bolivianos por litro de gasolina especial, 11 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel. Esto implica incrementos del 86 % en la gasolina y del 162 % en el diésel respecto a los valores subvencionados que rigieron durante más de 20 años.
Según el Gobierno y analistas económicos, el esquema de subsidios se había vuelto insostenible en el actual contexto de crisis fiscal y escasez de divisas. El Ejecutivo estima que mantener la subvención demandaría en 2026 unos 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 % del producto interior bruto (PIB).
Como contrapartida al alza de los combustibles, el paquete de medidas incluye un aumento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos, así como incrementos en los bonos para estudiantes del sistema público y en la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
La ratificación de la huelga por parte de la Central Obrera Boliviana deja al Gobierno ante un escenario de alta conflictividad social en el inicio de la semana, con la incógnita de hasta qué punto los bloqueos afectarán el abastecimiento y la actividad económica, y si el Ejecutivo logrará aislar la protesta o se verá forzado a reabrir una negociación que, por ahora, da por cerrada.
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