Rodrigo Paz reveló que Bolivia podría perder USD 171 millones en arbitrajes con empresas administradoras de fondos de pensiones

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que Bolivia está “a punto de perder” dos juicios de arbitraje con las empresas privadas que administraban los fondos de pensiones.

Paz señaló que la pérdida total puede superar los 171 millones de dólares, entre la indemnización a las firmas internacionales y el bufete de abogados que contrató Bolivia.

“No solo se les debe a los abogados del exterior varios millones de dólares, sino que estamos a punto de perder con una de las empresas 94 millones de dólares y con otra 77 millones de dólares”, afirmó en una rueda de prensa este martes en Santa Cruz.

En Bolivia, desde 2023 el sistema privado de pensiones fue reemplazado por una gestora pública. En mayo de ese año las dos administradoras de fondo de pensiones (AFP) privadas —Previsión y Futuro— dejaron de operar y sus afiliados pasaron a depender de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, en cumplimiento del cambio decidido por el gobierno del expresidente Evo Morales en 2015.

Sin embargo, ese traspaso no estuvo exento de consecuencias. Ambas empresas privadas han iniciado juicios de arbitraje contra el Estado boliviano, alegando perjuicios económicos por el fin anticipado de sus contratos.

En ese sentido, el presidente Paz advirtió que este posible pasivo se suma a la denuncia de que los aportes de los trabajadores “no están en la Gestora” sino que habrían sido “gastados”, lo que según él evidencia una “pésima gestión” del periodo anterior.

El lunes el presidente manifestó en conferencia de prensa: “No hay sus aportes en la Gestora, se los gastaron. ¿Voy a decir que hay los aportes? No, no hay los aportes”, sin dar mayores explicaciones sobre la supuesta desaparición de los aportes.

A raíz de esta declaración, exfuncionarios de la Gestora Pública aclararon que los fondos se encuentran invertidos conforme a la normativa. Según Jaime Durán, exgerente de la entidad, los aportes administrados por la Gestora Pública alcanzan 203.704 millones de bolivianos, cifra que habría crecido en un 23% respecto a lo recibido en mayo de 2023, cuando asumió el manejo total del sistema tras la salida de las AFP.

La Gestora ha sido centro de controversias por el destino de sus inversiones. Reportes de prensa locales señalan que una parte significativa del ahorro de los trabajadores fue colocada en el sistema financiero y en bonos emitidos por el Tesoro General de la Nación y el Banco Central, lo que en la práctica implica financiar al propio Estado en un momento de recesión y crisis económica.

También muestran inversiones en empresas como frigoríficos, productoras de granos, telecomunicaciones y otras, una de las cuales había sido sancionada por falsificación de certificados.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó que los fondos están invertidos y garantizó el cumplimiento de los pagos de la gestora. Sin embargo, señaló que se trabajará en un reglamento de inversiones transparente que “direccione los recursos hacia inversiones que den rentabilidad y protejan el poder adquisitivo de los aportantes”.

En medio del proceso de arbitraje y las declaraciones cruzadas sobre la administración de los fondos, el funcionamiento de la Gestora Pública y la sostenibilidad del sistema de pensiones ocupan el centro de la agenda nacional. El resultado de los juicios y la verificación de la situación financiera de los fondos serán claves para definir las condiciones futuras para los trabajadores.