La Policía Federal de Brasil realizó un extenso operativo para desarticular un esquema de evasión fiscal y lavado de dinero que habría ocasionado un perjuicio al Estado por más de 26.000 millones de reales (aproximadamente USD 4.800 millones).
Las autoridades ejecutaron 126 órdenes de allanamiento y secuestro en cinco estados y en el Distrito Federal, apuntando a individuos y empresas que, según la investigación, articularon una estructura compleja para evadir impuestos de manera masiva en el rubro de combustibles.
El principal blanco del dispositivo fue una red dirigida por Refit, ex refinería Manguinhos de Río de Janeiro, propiedad del empresario Ricardo Magro.
Las operaciones se extendieron a São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Bahía, Maranhão y el Distrito Federal, e involucraron a decenas de compañías del sector, así como fondos de inversión y entidades offshore. El Ministerio Público de São Paulo confirmó que entre los implicados figuran familiares de Magro.
De acuerdo con las autoridades fiscales, el grupo está considerado como el mayor deudor individual del impuesto a las ventas (ICMS) en São Paulo y uno de los mayores a nivel nacional.
Para ocultar sus ganancias y desviar recursos al exterior, recurrieron a una red de sociedades y mecanismos financieros sofisticados. Receita Federal informó sobre el uso de empresas locales, fondos de inversión y entidades offshore, especialmente en Delaware, estado calificado de refugio fiscal por el ministro de Finanzas, Fernando Haddad.
“Se detectó la apertura de fondos en Estados Unidos para canalizar dinero a Brasil mediante préstamos y simulación de inversiones. El dinero enviado al exterior no era legítimo”, detalló Haddad.
Además, se dispuso el bloqueo inmediato de activos por 10.200 millones de reales (alrededor de USD 1.900 millones), abarcando inmuebles, vehículos y participaciones societarias del grupo y sus allegados, consignó O Globo.
La Procuraduría General de la República también judicialmente el embargo de otros 1.200 millones de reales (224 millones de dólares). La ofensiva judicial fue respaldada por el Comité Interinstitucional de Recuperación de Activos y se coordinó con múltiples organismos federales y estatales.
Las pesquisas revelaron métodos como la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones tributarias, generación constante de nuevas empresas, simulaciones de compraventas interestatales y la integración de una red de colaboradores que garantizaban el anonimato de los verdaderos beneficiarios.
Otro componente clave fue la compra ilegal de hidrocarburos y nafta en el extranjero. Entre 2020 y 2025, la organización importó más de 32.000 millones de reales (5.9 mil millones de dólares) en combustibles, utilizando fondos ilícitos provenientes de transacciones trianguladas con intermediarios y distribuidores vinculados al grupo.
Los recursos se destinaban tanto a inversiones en negocios y bienes raíces como a la adquisición de activos para blanquear capital y simular operaciones legítimas, según los hallazgos reportados por O Globo. Un operador financiero actuó como socio esencial en transacciones que, en solo un año, sumaron 72.000 millones de reales (13 millones de dólares).
(Con información de AP)
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