
El representante a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett aseguró que acatará la decisión de la justicia y se pondrá a disposición de las autoridades, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La determinación fue adoptada por la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, que decidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el congresista del Partido Conservador mientras avanza el proceso judicial en su contra por el presunto delito de cohecho impropio.
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Tras conocerse la decisión judicial, Manzur reaccionó públicamente y aseguró que respeta el fallo y que colaborará con el proceso para esclarecer los hechos.
A través de sus redes sociales, el congresista manifestó que recibe la decisión de la Corte Suprema con respeto y que está dispuesto a atender los requerimientos.
“Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”, escribió el representante a la Cámara.
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En su pronunciamiento también insistió en que confía en el sistema judicial y en que el proceso permitirá aclarar las acusaciones en su contra.
“Confío en la justicia y en que este proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia. Tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”, agregó.

La decisión de la Corte Suprema
La orden de captura contra Wadith Manzur se produjo durante una sesión extraordinaria de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, realizada el miércoles 11 de marzo de 2026 en Bogotá.
En esa diligencia, el alto tribunal decidió llamar a juicio a cinco congresistas en ejercicio y a un excongresista, dentro de la investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
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Además de Manzur, la Corte también impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra la congresista Karen Astrith Manrique Olarte, quien igualmente integró la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
En contraste, los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, continuarán vinculados al proceso, pero podrán defenderse en libertad.
El origen de la investigación
Según la Corte Suprema, la investigación se originó en hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023, cuando varios de los legisladores integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso.
Esta comisión tiene la función de conceptuar sobre las operaciones de crédito externo que adelanta el Gobierno nacional, un trámite necesario para la aprobación de determinados préstamos internacionales.
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De acuerdo con el expediente, algunos congresistas habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para respaldar el trámite de ciertos créditos que eran considerados prioritarios para el Gobierno.

Los presuntos beneficios relacionados con la Ungrd
La providencia judicial señala que, como contraprestación, los parlamentarios habrían sido favorecidos con proyectos y contratos vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En particular, la investigación menciona tres iniciativas en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar, relacionadas con contratación pública y obras de interventoría.
El documento del alto tribunal precisa que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Ungrd” en esas regiones.
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Estas reuniones, según la investigación, se habrían realizado en las sedes de los ministerios de Hacienda e Interior, en el centro de Bogotá.

Lo que sigue en el proceso contra Wadith Manzur
Tras la orden de captura y la imposición de la medida de aseguramiento, el proceso continuará en las instancias judiciales correspondientes.
La Corte Suprema notificará al Congreso de la República sobre la decisión para que se adopten las medidas administrativas que correspondan frente a los congresistas vinculados al proceso.
Además, una vez la decisión quede en firme, el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de adelantar el juicio y determinar si existe responsabilidad penal en los hechos investigados.
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Mientras tanto, el representante Wadith Manzur reiteró que se pondrá a disposición de las autoridades y confía en que el proceso judicial permitirá demostrar su inocencia, en medio de uno de los casos de corrupción más relevantes que ha golpeado a la Ungrd en los últimos años.
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