Un grupo de ex mandatarios reconoció a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela

Un grupo de ex mandatarios iberoamericanos reconoció a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela y a María Corina Machado como su vicepresidenta y líder de la transición democrática. El pronunciamiento, emitido por el Grupo IDEA y firmado por una treintena de ex mandatarios —entre ellos el ex secretario general de la OEA Luis Almagro—, refuerza la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro en un momento de creciente tensión con Estados Unidos.

Según la declaración, los resultados revisados por el Centro Carter en las elecciones de julio de 2024 otorgan a González Urrutia el 67,1 % de los votos válidos, frente al 30,4 % del candidato chavista. Caracas rechaza esas cifras y reivindica su propia versión de la victoria, en un escenario marcado por denuncias de irregularidades, control institucional y persecución a opositores.

El documento reconoce igualmente a Machado —reciente premio Nobel de la Paz 2025— como la dirigente con mandato ciudadano para encabezar la transición. Inhabilitada políticamente por el chavismo y sometida a procesos judiciales, la líder opositora se ha convertido en una de las voces con mayor proyección internacional del bloque antichavista, capaz de articular apoyos dentro y fuera del país.

La resolución exige el “cese inmediato de la represión” y la liberación de presos políticos. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Misión Internacional de la ONU han documentado en los últimos años patrones de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones breves y uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad venezolanos.

Los ex presidentes instan además a los gobiernos del hemisferio y a organismos multilaterales como la OEA, la ONU y la Unión Europea a reconocer la legitimidad democrática de González Urrutia y Machado, y a respaldar una transición pacífica hacia un gobierno constitucional. El llamado se produce en un continente dividido: mientras algunos países presionan a Caracas, otros mantienen posiciones de diálogo o neutralidad estratégica.

El documento coincide con un endurecimiento de la postura de la administración de Donald Trump. En los últimos días, el Comando Sur ha atacado embarcaciones que Estados Unidos vincula al narcotráfico y que habrían salido de Venezuela, elevando la tensión militar en el Caribe. Washington asegura que forman parte de operaciones regionales contra redes criminales; Caracas denuncia “hostilidades” y “provocaciones”.

Trump ha advertido que no descarta una acción militar contra Maduro “si fuera necesario”, aunque también ha dejado abierta la puerta a negociaciones. El lenguaje recuerda los momentos más álgidos de 2019, cuando su Gobierno barajó sanciones más duras y opciones militares mientras respaldaba a Juan Guaidó como presidente interino.

El reconocimiento a González Urrutia y Machado refuerza una estrategia que busca mantener vivo el resultado electoral de 2024 como punto de partida para cualquier salida política. La oposición intenta capitalizar ese mandato en un país sumido en una crisis económica prolongada, con un éxodo superior a siete millones de personas según ACNUR y un aparataje estatal que ha cerrado cada vez más los márgenes de competencia electoral.

El Grupo IDEA, formado mayoritariamente por ex presidentes de centroderecha y conservadores de la región, ha sido un actor constante en la presión internacional sobre el chavismo. Sus pronunciamientos no tienen efectos jurídicos, pero suelen resonar en cancillerías y legislativos, especialmente en Washington y algunas capitales latinoamericanas.

El movimiento coloca nuevamente a Venezuela en el centro del tablero hemisférico. Entre el reconocimiento internacional a la oposición, las amenazas veladas desde Washington y la negativa del chavismo a ceder terreno, el país vuelve a situarse en una zona de máxima incertidumbre. El desafío, una vez más, es evitar una escalada y encontrar un sendero que permita reconstruir algún tipo de institucionalidad en medio de un conflicto político que ya dura más de una década.