El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este lunes que su Gobierno reconoce que la “estabilidad de Haití es fundamental para la paz hemisférica” y reafirmó su compromiso “con las soluciones que respeten la soberanía haitiana”.
Peña se refirió a la “crisis humanitaria y de seguridad” que enfrenta la nación insular durante un discurso ante la Asamblea Nacional (Parlamento) de Panamá, país donde adelanta una visita oficial de un día.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación en la hermana nación de Haití”, cuya crisis “requiere una acción internacional decidida y coordinada”, afirmó el jefe de Estado paraguayo.
La situación haitiana, marcada por graves dificultades de toda índole, obliga a una “atención y resolución (...) simplemente impostergable”, añadió Peña.
Haití está sumida en una compleja y prolongada crisis, atizada principalmente por la brutalidad de las bandas armadas, que controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe, en un contexto de graves desastres naturales y crisis económica, según la ONU.
Más de 16.000 personas han muerto por la violencia de las bandas en Haití desde el inicio de 2022 y más de cuatro mil de esos homicidios ocurrieron en el primer semestre de este año, mientras que un 51% de la población sufre hambre, de acuerdo con los datos de las Naciones Unidas.
En este contexto, la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) dijo este lunes que realizó sus primeras acciones sobre el terreno en Haití y que enfrentaron una “feroz resistencia” por parte de las bandas armadas. De estos primeros operativos no reportaron muertos o heridos.
La información oficial no ofreció detalles sobre el personal en el terreno de la GSF, que sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), desplegada el año pasado bajo el liderazgo de Kenia y que logró escasos resultados.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 30 de septiembre una resolución copatrocinada por Estados Unidos y Panamá para el despliegue en el país caribeño de la GSF, que contará con hasta un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares asistidos por 50 civiles y tendrá un mandato inicial de 12 meses.
(Con información de EFE)
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