El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva fuerza militar para combatir a las pandillas en Haití

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) autorizó este martes la transformación de la actual Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, de carácter policial, en una nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) con mandato militar y mayores recursos.

La resolución, impulsada por Estados Unidos junto con Panamá, fue aprobada por 12 votos a favor y 3 abstenciones (China, Rusia y Pakistán), lo que permitirá que hasta 5.500 uniformados entre policías y soldados, asistidos por 50 civiles, actúen en el país caribeño por un periodo inicial de 12 meses para combatir la violencia de las bandas armadas.

El acuerdo redefine el alcance de la intervención internacional en Haití, país que atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes con más de un millón de desplazados internos, el control de cerca del 90% de Puerto Príncipe en manos de pandillas y una economía gravemente paralizada.

Según la resolución a la que tuvo acceso EFE y diversos medios internacionales, el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) puede realizar operaciones independientes o en apoyo a la Policía Nacional de Haití (PNH) para neutralizar, aislar y disuadir a los grupos armados que han extendido su influencia tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

La votación llega después de 15 meses con la MSS en Haití, formada principalmente por efectivos keniatas y centroamericanos. Aunque se había previsto que la anterior misión alcanzara los 2.500 integrantes, su cifra real nunca superó los 1.000 efectivos, debilitada por la falta de recursos y financiación. El texto aprobado dispone que los costos de personal de la nueva fuerza recaerán en contribuciones voluntarias de los Estados participantes, tras los modestos resultados de la recaudación previa: de los USD 600 millones presupuestados para el primer año de la MSS, apenas se reunieron 115 millones, según datos recogidos por EFE.

Laurent Saint-Cyr, presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, definió la situación ante la Asamblea General de la ONU como “la de un país en guerra, una tragedia humana a las puertas de América”. Reiteró que “cada día, vidas inocentes son segadas por balas, fuego y miedo” y agradeció el respaldo a la nueva resolución, elogiando el liderazgo de Estados Unidos y Panamá.

Por su parte, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, señaló ante el Consejo que el aumento de casi cinco veces en la fuerza internacional evidencia que “la comunidad internacional comparte la carga”.

Tanto desde el Gobierno haitiano como desde la Organización de los Estados Americanos (OEA) se ha insistido en que la ampliación del mandato de la misión es solo un primer paso. En un comunicado, Albert Ramdin, secretario general de la OEA, subrayó que “la resolución del Consejo de Seguridad es clave para avanzar en la hoja de ruta que permita la estabilización de Haití y la celebración de elecciones creíbles, la entrega de ayuda humanitaria y el desarrollo sostenible”.

Al frente de la misión internacional continuará Kenia, que desplegó sus primeros agentes policiales en junio de 2024. La misión estaba operativa bajo liderazgo keniano desde octubre de 2023. Según la resolución difundida, la GSF podrá actuar tanto en coordinación con la PNH como de forma autónoma. El texto recalca la importancia de proteger infraestructuras críticas como el aeropuerto de Puerto Príncipe y los puertos marítimos, estratégicos para el abastecimiento humanitario y actualmente bajo influencia o amenaza de las pandillas.

La naturaleza híbrida de la nueva fuerza preocupa a organizaciones de derechos humanos. El mandato de la GSF incorpora, por primera vez, militares junto a policías y deja abierta la posibilidad de realizar detenciones de presuntos pandilleros, una atribución que no tenía la MSS. Además, la resolución menciona la obligación de actuar “conforme al derecho internacional y los derechos humanos”, aunque ONGs han alertado sobre el riesgo de excesos ante una población civil ya asolada por desplazamientos masivos y crisis humanitaria.

Se reconoce además la necesidad de crear mecanismos para el trato con menores de edad miembros de pandillas, que podrían constituir hasta el 50% de sus filas, señalando que “cuando sea apropiado y factible, los niños detenidos sean remitidos a agentes de protección infantil”. Pese a ello, la formulación carece de detalles sobre el desarme y la reintegración de menores.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso la creación de una Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH) para proporcionar respaldo logístico y financiero a la nueva misión. Igualmente, la GSF deberá rendir informes trimestrales ante el Consejo de Seguridad y los donantes para evaluar el cumplimiento de sus objetivos, en un contexto de escepticismo respecto a la capacidad real de la comunidad internacional para revertir el deterioro de la situación en Haití.

La resolución establece que tanto la protección de infraestructuras, como el apoyo al combate del tráfico de armas y el restablecimiento de la seguridad en centros educativos y hospitalarios, formarán parte de las competencias de la GSF. Por su parte, países como China y Rusia expresaron durante el debate su desacuerdo con el proceso, señalando falta de planificación, previsión financiera y estudio previo de la situación sobre el terreno, aunque optaron finalmente por abstenerse en ambas votaciones.

Desde el comienzo de 2024, tras la dimisión del ex primer ministro Ariel Henry, la transición en Haití se encuentra liderada por el Consejo Presidencial y la ausencia de elecciones ha agravado el vacío de autoridad. El mandato de la misión multinacional se mantendrá por un año, sujeto a revisiones y a la disponibilidad de recursos comprometidos por los Estados miembros y la ONU.

(Con información de AFP, AP, EFE, EP y Reuters)