Al menos 21 organismos humanitarios solicitaron a los países miembros de la ONU exigir que el Estado de Nicaragua asuma responsabilidades por violaciones a los derechos humanos, entre ellas tortura, apatridia y represión transnacional, consideradas crímenes de lesa humanidad.
El Colectivo 46/2, que agrupa a organismos humanitarios nicaragüenses y regionales, instó a los Estados miembros de las Naciones Unidas a respaldar la solicitud del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, para demandar rendición de cuentas al Estado nicaragüense por graves violaciones a los derechos humanos.
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“Desde el Colectivo 46/2 reafirmamos nuestra apuesta por los métodos pacíficos y respetuosos del derecho internacional. Por lo que nos sumamos al llamado del Grupo para que la comunidad internacional sostenga el trabajo de escrutinio, vigilancia y se involucre en los procesos de rendición de cuentas, a partir de la información aportada por el Grupo sobre las graves violaciones a los derechos humanos y sus responsables”, expresaron organizaciones como Raza a Igualdad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
El lunes pasado, los expertos de la ONU solicitaron a la comunidad internacional exigir responsabilidades al régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalados por graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales. Denunciaron que estos hechos se han intensificado y expandido fuera de Nicaragua y se financian desviando fondos inicialmente destinados a servicios sociales.
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El informe reciente detalla patrones de violaciones transnacionales de derechos humanos, como vigilancia, amenazas, acoso, violencia física, abuso de mecanismos internacionales, privación arbitraria de nacionalidad, confiscación de bienes y represalias contra familiares en Nicaragua.
Estos organismos también señalaron que, en sus conclusiones, los expertos de la ONU reiteraron el llamado a la comunidad internacional sobre la responsabilidad de actuar ante el deterioro de la situación y la negativa de Nicaragua a cooperar con las Naciones Unidas. Alertaron que “dada la magnitud y duración de las violaciones, mientras más se retrase la acción, más dura será la carga para restablecer los derechos, la institucionalidad democrática y el estado de derecho”.
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El Grupo de Expertos urgió al Estado de Nicaragua a implementar medidas efectivas e incondicionales para una transición pacífica, conforme a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Adicionalmente, solicitó a la comunidad internacional exigir que Nicaragua rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por incumplir la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención contra la Tortura.
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