Al menos 15 manifestantes han sido condenados en Cuba a penas de hasta nueve años de prisión tras participar en protestas por la escasez de electricidad y alimentos, según informó el Tribunal Supremo Popular de Cuba. Las sentencias fueron dictadas después de los disturbios ocurridos el 17 de marzo de 2024, cuando cientos de personas se movilizaron en Santiago de Cuba, Bayamo y Santa Marta en respuesta a apagones que llegaban a 13 horas diarias en algunas provincias.
En un comunicado emitido el viernes por la noche, el Tribunal precisó que ocho manifestantes recibieron penas de entre seis y nueve años de prisión, otros cinco entre tres y cinco años y dos más fueron sentenciados a trabajo correccional sin internamiento. Los cargos incluyen desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir. Este episodio ha supuesto la mayor movilización social en el país desde el estallido de julio de 2021, que también se saldó con centenares de encarcelamientos y hasta 25 años de condena para algunos detenidos, según informó el Tribunal Supremo Popular de Cuba.
Las protestas sociales en la isla, gobernada por el Partido Comunista de Cuba (PCC), se han intensificado desde 2022 a raíz del aumento de los cortes eléctricos, una consecuencia de la crisis energética nacional. En los últimos tres años, Cuba ha registrado al menos seis apagones generalizados, y durante agosto de este año la población soportó hasta 15 horas diarias sin servicio eléctrico.
El régimen cubano atribuye los apagones al embargo estadounidense, que, según sostiene, le impide reparar su red de ocho termoeléctricas obsoletas y mantener en funcionamiento los grupos electrógenos distribuidos por el país. Esta situación se ve agravada por la escasez de combustible, primordial para la generación eléctrica.
A la par de los juicios y condenas, el país vive una situación social cada vez más tensa. Hace pocos días, decenas de personas salieron nuevamente a las calles en Gibara, localidad situada en el oriente de la isla, para protestar por más de 20 horas sin energía eléctrica y semanas sin suministro de agua, según relató a la AFP un habitante que pidió el anonimato ante el temor a represalias. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, confirmó la detención de 27 personas en Gibara, de las cuales cuatro permanecen privadas de libertad.
La directora de Cubalex, Laritza Diversent, declaró a la AFP que la organización, con base en Miami, también cuenta cuatro detenidos en Gibara tras las marchas. Diversent indicó que al menos 180 personas han sido arrestadas en el contexto de manifestaciones contra los apagones entre 2022 y septiembre de 2025, aunque advirtió que se trata solo de los casos denunciados y que la cifra real podría ser mayor.
De acuerdo con el OCDH, tras las protestas en Gibara las fuerzas de seguridad incrementaron las “acciones intimidatorias” en la zona, especialmente en los barrios de La Loma de los Caneyes y El Güirito. El organismo denunció la gravedad de la situación, demandó el “cese de la represión” y exigió la liberación de todas las personas detenidas por participar en protestas pacíficas.
La criminalización de la protesta y el aumento de la represión son dos ejes centrales en las denuncias publicadas. Casos individuales han cobrado especial notoriedad, como el de Julio César Duque de Estrada Ferrer, condenado a cuatro años y medio de prisión por grabar con su teléfono una fila para la compra de gas licuado en Santiago de Cuba. Según documentos a los que tuvo acceso el OCDH, la sentencia argumenta la comisión de delitos de “desobediencia” y “atentado”. El organismo calificó el proceso judicial de “farsa” y denunció una intervención policial “arbitraria” y ajena a la legalidad.
(Con información de EFE)
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