Contrabando de diésel drenó más de 120 millones de dólares del Estado ecuatoriano

El contrabando de diésel se ha convertido en una de las principales fugas económicas de Ecuador. El Ministerio de Finanzas reveló en septiembre que alrededor de 108 millones de galones de diésel despachados por Petroecuador en 2024 no se reflejaron en la facturación registrada por el Servicio de Rentas Internas. Esa diferencia equivale a pérdidas para el Estado de aproximadamente USD 120 millones anuales.

La ministra Sariha Moya advirtió que el subsidio funcionaba como una “tubería rota” que alimentaba actividades ilegales. Según la funcionaria, ese combustible no llegaba a los consumidores finales que se pretendía beneficiar, sino a redes criminales que lo desviaban hacia el contrabando fronterizo, la minería ilegal y operaciones vinculadas al narcotráfico.

La magnitud del problema se refleja en datos oficiales y en las incautaciones de las Fuerzas Armadas. Durante 2025 se decomisaron más de un millón de galones de combustibles ilícitos, con un valor estimado en USD 21,5 millones, casi el doble de los 571.337 galones incautados en 2024. El diésel fue el segundo producto más decomisado, después de la gasolina, con 116.000 galones recuperados en un año. Para el Ministerio de Defensa, cada galón robado representa dinero que financia mafias violentas con capacidad para desestabilizar al país. Los decomisos también evidencian que el combustible subsidiado termina en actividades como la minería ilegal, que requieren grandes cantidades de diésel para operar maquinaria pesada.

La disparidad de precios con los países vecinos ha sido un incentivo clave para el contrabando. Hasta antes de la reforma de septiembre de 2025, en Ecuador el galón de diésel costaba USD 1,80, mientras que en Colombia alcanzaba USD 2,70 y en Perú superaba los USD 4,20. Esa diferencia hizo rentable el desvío en provincias fronterizas como Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Un ejemplo extremo se registró en esta última provincia: el consumo promedio era de 741 galones por vehículo al mes, casi cuatro veces el promedio nacional. El patrón de consumos anómalos en regiones limítrofes confirmó las sospechas de que el combustible estaba siendo desviado a mercados ilegales.

El impacto social de esta práctica también ha sido considerable, según el gobierno. El subsidio al diésel buscaba beneficiar al transporte público, al sector agrícola y a la pesca artesanal. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que un porcentaje importante terminaba en manos de mafias. El uso de diésel subsidiado para minería ilegal y narcotráfico deja a comunidades rurales expuestas a economías informales y a la violencia que las acompaña. Por otro lado, los intentos de los distintos gobiernos por modificar el esquema de subsidios han generado protestas. En 2019 y 2022 las medidas de reducción provocaron fuertes movilizaciones, con transportistas, pescadores y agricultores reclamando que la eliminación afectaba directamente sus ingresos.

Frente a estas pérdidas, el gobierno de Daniel Noboa adoptó medidas drásticas. A partir del 13 de septiembre de 2025 eliminó el subsidio al diésel mediante el Decreto 126, elevando su precio a USD 2,80. Con ello se busca reducir los incentivos al contrabando y cerrar la brecha con los precios internacionales. El Ejecutivo anunció que el esquema se completará con bandas móviles que ajustarán los precios mensualmente, siguiendo el modelo aplicado a la gasolina. Paralelamente, se reforzó el control en fronteras a través de un bloque conjunto de Policía y Fuerzas Armadas. Los operativos se han concentrado en carreteras, estaciones de servicio y poliductos, donde la vigilancia satelital y los sensores buscan detectar perforaciones clandestinas. Según el Ministerio de Defensa, los poliductos que transportan combustibles hacia el interior del país son un punto crítico de extracción ilegal.

El Ejecutivo también dispuso medidas de compensación para los sectores más sensibles. Entre ellas se anunciaron apoyos focalizados para pescadores artesanales y transportistas rurales. La intención, según Finanzas, es redirigir los recursos que antes se perdían en el contrabando hacia programas productivos que fortalezcan la economía local. No obstante, persisten cuestionamientos de sectores sociales que consideran que las compensaciones son insuficientes frente al alza del combustible.