
Power China, la empresa estatal china que construyó la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, compensará al Estado ecuatoriano con USD 400 millones debido a las fallas estructurales detectadas en la central, entre ellas miles de fisuras en los distribuidores. Así lo confirmó la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, en una entrevista concedida a Radio Centro.
Durante su intervención, Moya explicó que el acuerdo con Power China es parte de una serie de resultados alcanzados tras las gestiones realizadas por el gobierno ecuatoriano en China: “Desde el Ministerio de Economía y Finanzas explicamos claramente que el problema que hubo en Coca Codo no solo genera pérdidas para la empresa, sino que genera pérdidas estatales, pérdidas de ingreso, por lo que no se podía aceptar una garantía, un esquema de garantía, sino una recuperación del ingreso estatal, una compensación al Estado ecuatoriano. Y eso fue logrado en este apoyo que dimos al Ministerio”.
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El acuerdo se da tras años de controversia en torno a los defectos estructurales de la hidroeléctrica más grande del país, construida por Sinohydro, subsidiaria de Power China. Coca Codo Sinclair, ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos, fue inaugurada en 2016 durante el gobierno de Rafael Correa y tuvo un costo aproximado casi USD 3.000 millones. Desde antes de su inauguración, ya se habían reportado problemas técnicos.

Uno de los documentos clave en el proceso fue una carta fechada en junio de 2021, enviada por Harbin Electric Machinery Company Limited —proveedor de componentes del proyecto—, en la que se reconocía la existencia de grietas en los distribuidores de varias unidades de generación. En el anexo fotográfico incluido en la comunicación se evidenciaban fisuras en al menos tres de los ocho distribuidores . Estas grietas, según reportes técnicos de CELEC EP, comprometían la operación segura y eficiente de la central.
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Las fisuras fueron detectadas durante inspecciones realizadas en el taller y posteriormente en sitio. En algunos casos, las reparaciones no fueron definitivas y se identificaron filtraciones de agua en los equipos, como quedó registrado en videos y fotografías entregados por la Subgerencia del Proyecto Coca Codo Sinclair. Según estos reportes, en la unidad 8 se observaron filtraciones activas incluso después de intervenciones correctivas.
Una investigación de Infobae publicada en 2022 reveló que la empresa constructora ocultó información sobre las fallas estructurales durante varios años. Este medio accedió a documentos internos que demostraban que Sinohydro conocía los defectos en los distribuidores y aun así procedió con la entrega de la obra. CELEC EP, la entidad estatal encargada de la generación eléctrica, abrió procesos técnicos para exigir responsabilidades, pero los arbitrajes no habían prosperado hasta ahora.
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La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair fue construida por Sinohydro, subsidiaria de Power China, con un contrato suscrito en octubre de 2009. Su capacidad instalada es de 1.500 megavatios –aunque nunca ha operado al 100%– y su operación comenzó tras la recepción provisional de sus dos fases entre agosto y diciembre de 2016. El proyecto, sin embargo, arrastra desde su origen una serie de irregularidades técnicas, entre ellas al menos 8.000 fisuras en los distribuidores de turbina, que habrían sido generadas durante el proceso de fabricación, según revelaron documentos internos de CELEC EP y confirmaron inspecciones posteriores.
Pese a que las fisuras fueron reparadas entre 2015 y 2016, una inspección realizada en 2018 constató que varias de estas fallas persistían. Sinohydro había ocultado inicialmente la existencia de los defectos, según reconoció CELEC EP en comunicaciones oficiales. A raíz de ello, el Estado ecuatoriano presentó una demanda arbitral en 2021 por USD 580 millones. La firma constructora respondió con contrademandas en 2024, alegando supuestos incumplimientos del contrato por parte del Estado.
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Además, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ha contribuido a la erosión regresiva del río Coca al retener sedimentos en su embalse, lo que genera un flujo de agua más agresivo río abajo. Este fenómeno se intensificó tras el colapso de la cascada San Rafael en 2020, provocando un retroceso acelerado del cauce que ha destruido bosques, infraestructura vial y petrolera, y que en 2025 ya se encontraba a menos de 5 kilómetros de las obras de captación de la central. Aunque se han implementado medidas de contención, la erosión sigue avanzando y representa una amenaza directa para la hidroeléctrica –cuya vida útil podría ser solo de 15 años y no de 50– y el ecosistema amazónico.
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