La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el aumento de la represión ejercida por el régimen nicaragüense, la cual, según la organización, se extiende fuera de las fronteras de Nicaragua y afecta a personas en situación de movilidad humana y opositoras al régimen, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En la declaración titulada "Nicaragua: CIDH condena represión transnacional“, la CIDH informó que, junto con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), ha recibido datos sobre hechos de violencia, persecución y hostigamiento contra opositores nicaragüenses exiliados y organizaciones de la sociedad civil que operan en el extranjero.
El organismo expresó su pesar por el asesinato de Roberto Samcam, mayor en retiro, ocurrido el 19 de junio en San José, Costa Rica. Samcam, quien residía en el exilio desde 2018 y era analista político crítico del régimen sandinista, murió “tras haber sido atacado por una persona que se hizo pasar por mensajero y le disparó en múltiples ocasiones”.
Las autoridades de Costa Rica comunicaron que se han adoptado medidas de investigación desde el primer momento, conforme a la legislación interna y a los estándares internacionales. El Fiscal Adjunto de Costa Rica señaló que el caso se encuentra bajo investigación y que se están considerando todas las hipótesis, incluidas las posibles motivaciones políticas o transnacionales.
El Meseni también recibió alertas sobre persecución y acoso a organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que funcionen en varios países y que mantienen tareas de denuncia y acompañamiento a víctimas desde el exilio.
Personas defensoras de derechos humanos en el exilio han denunciado vigilancia, intimidación y hostigamiento por parte de agentes del régimen nicaragüense, según la CIDH.
El organismo detectó mecanismos de represión transnacional, como el uso indebido de alertas rojas de Interpol, que han sido emitidas contra opositores y disidentes exiliados, “con el objetivo de criminalizar su labor de denuncia y restringir su libertad de movimiento”.
La CIDH solicitó a los Estados que reciben a exiliados nicaragüenses que investiguen con diligencia todos los actos de violencia, amenazas y atentados, para identificar y sancionar tanto a los ejecutores materiales como a los posibles responsables intelectuales.
También instó a que esas investigaciones sean independientes, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en los casos que lo ameriten, y que se eviten situaciones de impunidad.
La organización recordó que los Estados, según los estándares interamericanos, deben proteger a quienes están bajo su jurisdicción ante la represión transnacional y prevenir el uso indebido de mecanismos de cooperación internacional para perseguir políticamente.
Finalmente, la CIDH se solidarizó con los familiares de Samcam y con las víctimas de la represión transnacional, y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, exhortando al Estado nicaragüense a poner fin a la represión dentro y fuera del país y cumplir con sus obligaciones internacionales.
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