Un juez de la Corte Suprema de Brasil busca intervenir para bajar las tensiones entre Lula y el Congreso

El Supremo Tribunal Federal de Brasil intervino en la disputa fiscal entre el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el Congreso Nacional, suspendiendo temporalmente dos decretos enfrentados y ordenando una audiencia de mediación.

El magistrado Alexandre de Moraes decidió dejar en suspenso tanto el plan del Ejecutivo para elevar el impuesto sobre operaciones financieras (IOF) como el decreto legislativo que anulaba ese aumento tributario. Moraes dispuso que ambas partes deben participar en una audiencia de conciliación programada para el 15 de julio, en la que estarán presentes representantes del Poder Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados.

El magistrado remarcó que el conflicto institucional provocado por la política fiscal es “indeseable” y contradice el principio constitucional de armonía entre poderes, y señaló que su decisión busca reducir la tensión y propiciar un acuerdo político antes de resolver si mantiene las medidas cautelares.

La disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y el Congreso Nacional surgió tras la publicación de un decreto firmado en junio por el presidente que aumentaba el IOF sobre ciertas transacciones financieras, con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas. El Ministerio de Hacienda, dirigido por Fernando Haddad, calculó que la medida permitiría recaudar hasta 12.000 millones de reales (2.200 millones de dólares), afectando operaciones como la compra de moneda extranjera y créditos del sector privado.

El decreto fue rechazado por una mayoría conservadora en el Congreso, que aprobó posteriormente una norma para bloquear su ejecución. El Ejecutivo consideró que la acción legislativa vulneraba el principio de separación de poderes, al sostener que el Congreso había invadido competencias reservadas al Gobierno en materia fiscal. La reacción del presidente incluyó la orden a la Abogacía General del Estado de acudir al Supremo Tribunal Federal para solicitar la protección de la prerrogativa del Ejecutivo en política tributaria.

El enfrentamiento escaló tras las declaraciones de Lula, quien acusó a legisladores y sectores financieros de liderar una “rebelión” contra las propuestas tributarias del Gobierno. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta, reprochó al Ejecutivo la “creación de polarización social” y defendió que la decisión del Congreso reflejaba “la voluntad de la mayoría” tanto legislativa como social.

Tras la suspensión de los decretos y la convocatoria a mediación por parte del Supremo Tribunal Federal, tanto el Gobierno como el Congreso Nacional expresaron su respaldo a la decisión de Alexandre de Moraes y manifestaron su disposición al diálogo.

El fiscal general, Jorge Messias, valoró la resolución como una salvaguarda del “principio de separación de poderes” y expresó que el Gobierno acoge con satisfacción la oportunidad de negociación para “preservar la institucionalidad”. Por su parte, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, declaró ante la prensa en Río de Janeiro que la medida contribuye a fortalecer las instituciones y delimita las competencias de cada poder, subrayando la necesidad de cooperación para sanear las finanzas públicas.

En el ámbito legislativo, Hugo Motta afirmó que el fallo representa una victoria parlamentaria al impedir el aumento del IOF dispuesto por el Ejecutivo. A través de redes sociales, Motta calificó la sentencia como un reflejo de la voluntad colectiva del Congreso Nacional y de la sociedad, y reiteró el compromiso de los legisladores con la estabilidad normativa y fiscal.

Ambas partes coincidieron en su interés de alcanzar un acuerdo antes del 22 de julio, fecha límite para la presentación del próximo informe presupuestario y la definición de eventuales recortes adicionales en el gasto estatal.

El impacto económico de la disputa sobre el IOF se refleja en las cifras proyectadas por el Gobierno Federal, que aspiraba a obtener hasta 12.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) adicionales mediante el incremento tributario, dentro de un paquete mayor destinado a recaudar más de 30.000 millones de reales antes de 2026. Este ajuste fiscal es fundamental para cumplir con el objetivo de lograr un resultado presupuestario primario equilibrado, es decir, sin considerar los pagos de intereses de la deuda.

El rechazo legislativo al decreto llevó al Ejecutivo a advertir que, de no prosperar el aumento del impuesto, sería necesario congelar aún más recursos públicos, sumándose a los 31.000 millones de reales ya suspendidos, a fin de cumplir las metas fiscales. La resolución del conflicto es urgente debido a la proximidad de la publicación del siguiente informe presupuestario, fijada para el 22 de julio, cuando deberá determinarse el volumen exacto de gasto que permanecerá bloqueado.