Detuvieron en Bolivia a la jueza que anuló la orden de captura contra Evo Morales

La juez boliviana Lilian Moreno, que la semana pasada admitió una acción de libertad con la imputación y la orden de captura que pesaban sobre el ex presidente Evo Morales fue aprehendida por la Policía este lunes por la mañana, según reportan los medios locales.

La juez fue detenida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a las 07:00 la mañana por orden de Fernando Espinoza, fiscal de materia de la Fiscalía especializada en anticorrupción, legitimación de ganancias ilícitas y en delitos tributarios y aduaneros de la ciudad de La Paz. Se presume la juez fue trasladada al aeropuerto de Viru Viru desde donde tomará un vuelo rumbo a La Paz para enfrentar una audiencia cautelar, señala el medio Unitel.

Pese a que su fallo fue revertido por un juez de La Paz y los cargos contra el ex presidente fueron restituidos, Moreno enfrenta investigaciones disciplinarias y procesos por prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales.

“Se ha presentado una acción penal en La Paz y una acción disciplinaria en Sucre, inicialmente se ha presentado por prevaricato y en las últimas horas se ha ampliado por el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales”, informó el domingo el ministro de Justicia, César Siles, en entrevista con el canal estatal.

El ex presidente lleva más de 200 días sin salir de su bastión político y sindical en la región cocalera de Bolivia por el riesgo de ser capturado por la Policía. Su situación jurídica se complicó en septiembre del año pasado cuando al finalizar una marcha de siete días en contra del Gobierno, denunció que le iniciaron 12 procesos penales. Uno de ellos tenía que ver una causa abierta años atrás que lo acusaba de haber embarazado a una adolescente el año 2016.

La investigación se inició bajo el mandato interino de Jeanine Añez y fue cerrado en cuanto el presidente Luis Arce llegó al poder a finales de 2020. Sin embargo, en septiembre de 2024 cuando ambos líderes políticos estaban inmersos en una feroz disputa por el control del Movimiento Al Socialismo (MAS), se conoció que la Fiscalía había vuelto a abrir el caso y que existía una orden de captura contra el líder cocalero.

En octubre, la juez Moreno -que tiene antecedentes de haber trabajado en la función pública durante la gestión de Morales- dictó una sentencia constitucional que dejó sin efecto esa orden de arresto pero ésta no fue ratificada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Desde entonces, Morales fue convocado a declarar ante la justicia en dos oportunidades pero no se presentó. Ante su inasistencia a la última convocatoria de enero, el juez Nelson Rocabado, dictó un nuevo mandamiento de captura, lo declaró en rebeldía, dictó su arraigo y la anotación preventiva de sus bienes.

A más de tres meses de la emisión de la orden de arresto, ésta no logró ser ejecutada. El ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo Del Castillo, explicó que no existen las garantías para detener al líder cocalero sin poner en riesgo la vida de civiles.

Sin embargo, la semana pasada, la juez Moreno volvió a emitir un fallo en el que ratificaba la sentencia de octubre y revocaba todo lo que ocurrió a partir de entonces, con lo que el caso quedaba prácticamente en nada y debía remitirse a tribunales de Cochabamba. Sin embargo, el juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la decisión de Moreno y restituyó los cargos que pesan sobre el ex presidente.

El tire y afloje de Morales con la justicia es una muestra más de la instrumentalización de los tribunales con fines políticos, una práctica que se agravó precisamente durante su Gobierno (2006-2019). Varios líderes de la oposición lo acusaron de persecución política e incluso de montar casos para eliminar adversarios en el campo político, como el denominado “Caso Las Américas” con el que desarticuló a la fuerza opositora de Santa Cruz durante varios años.

Sobre las causas abiertas en su contra, Morales ha denunciado son parte del lawfare del Gobierno con el fin de eliminarlo del escenario político. Para el analista político Carlos Saavedra, el expresidente por primera vez se está sintiendo en el lugar en el que se sentían sus opositores en algún momento: “acorralado por la Justicia”.