
La controversia por los cambios en las exposiciones del Museo Nacional en Bogotá llegó a una nueva instancia judicial. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó una impugnación contra la decisión que ordenó restituir las obras retiradas por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, en medio de los cuestionamientos por el impacto de la medida sobre los contenidos de memoria histórica.
La entidad busca controvertir la sentencia de primera instancia que exigió al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes devolver las 30 piezas en un plazo máximo de 48 horas. El recurso sostiene que las acciones de tutela debieron ser conocidas por el Consejo de Estado y no por los juzgados que resolvieron el caso. Además, el Gobierno nacional señaló presuntas irregularidades en la presentación de estos mecanismos judiciales.
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La decisión que motivó la impugnación fue emitida por el juez 24 de Familia de Bogotá, luego de las tutelas promovidas por el congresista Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, y colectivos Lgbtiq+ que reclamaron el regreso de las obras a las salas de exposición. El retiro se hizo público el 15 de octubre de 2026 y comprendió 30 elementos históricos, artísticos y documentales que estaban ubicados en las exposiciones Hacer sociedad y Memoria y Nación.
Entre los contenidos abordados por las piezas estaban el conflicto armado, el Acuerdo de Paz, las luchas feministas y la participación de colectivos Lgbtiq+. Su salida generó cuestionamientos por tratarse de materiales relacionados con procesos de memoria histórica y reconocimiento de diferentes sectores sociales.
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En su fallo, el juez ordenó al Ministerio de las Culturas coordinar con el Museo Nacional la restitución de las piezas, bajo las condiciones técnicas necesarias para garantizar su adecuada conservación.

La medida tiene carácter provisional y establece que las obras deben permanecer nuevamente en sus lugares mientras se desarrolla una evaluación técnica y curatorial sobre su continuidad en las exposiciones. También condiciona cualquier decisión sobre su retiro a que el Gobierno pueda justificarla mediante razones ajenas a motivaciones de carácter ideológico o político.
Las piezas regresaron al Museo Nacional, pero continúa la disputa judicial
El Ministerio de las Culturas cumplió la orden judicial y restituyó las 30 piezas entre el 29 y el 30 de octubre. Los elementos fueron entregados en buen estado, aunque la sala “Fuerza, fe y sustancia” permanece cerrada mientras concluye el montaje.
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La decisión fue firmada por el juez César Enrique Osorio Ortiz, quien cuestionó los argumentos del Ministerio para justificar el retiro. El despacho señaló que no encontró documentos que acreditaran la aprobación de la medida por parte del Comité de Gestión Patrimonial del museo.
“No se identifica en las pruebas examinadas un acta de dicho Comité que documente el estudio y la aprobación del retiro efectuado el 15 de octubre de 2026, ni un concepto curatorial que explique las razones para excluir de la exhibición las piezas individualizadas en las actas de movimiento interno”, señala el fallo.
El juzgado también consideró que había fundamentos para proteger los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la cultura. Por ello, ordenó adoptar medidas para garantizar la preservación y difusión de los contenidos históricos retirados, sin reemplazar las competencias técnicas y curatoriales del Museo Nacional.
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Uno de los espacios más afectados fue “Hacer sociedad”, de donde salieron al menos diez elementos relacionados con las luchas por los derechos de las mujeres y de la población Lgbti. Entre ellos estaban una bandera del orgullo gay que perteneció a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la marcha LGBT de 2006 y un impreso sobre derechos reproductivos de la Fundación Sí Mujer. También fueron retiradas una fotografía de Humberto Rincón Perfetti, tomada durante la marcha “Por una Colombia incluyente”, y un ejemplar de la revista La Ventana Gay, publicación de Manuel Antonio Velandia y León Zuleta, activista antioqueño asesinado en 1993.
La lista incluía afiches de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, ambos asesinados en 1990. Sus imágenes hacían parte de una exhibición sobre la violencia política de las décadas de 1980 y 1990. Durante el gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Cultura, entonces encabezado por Juan David Correa, declaró patrimonio cultural de la Nación el sombrero que Pizarro utilizó durante la firma del acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco.
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El retiro de las obras hizo parte de la denominada “contrarrevolución cultural”, anunciada por De la Espriella durante su primera visita oficial a la sede del Ministerio de Cultura. Horas antes del desmontaje, el mandatario cuestionó la presencia de elementos relacionados con antiguos integrantes de organizaciones armadas.
“Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó”, afirmó.
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