Estados Unidos ha decidido reactivar varios proyectos de cooperación en materia de seguridad con Ecuador, respaldados por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), según informó la Presidencia de la República en un comunicado emitido el 26 de marzo de 2025.
El Gobierno ecuatoriano sostiene que esta reanudación responde a la confianza internacional que ha generado la administración del presidente Daniel Noboa. De acuerdo con el comunicado oficial, se trata de iniciativas que “se encontraban en pausa debido a factores geopolíticos” y que ahora retoman su curso, en el marco de una estrecha relación con Estados Unidos.
Los proyectos beneficiarán a la Policía Nacional y a la Armada del Ecuador, con una inversión total que supera los USD 3,9 millones. Entre los principales componentes se encuentran la implementación del Sistema de Lectura de Placa – DEA para la Policía Nacional, por USD 298.331,09; la donación de 40 vehículos valorados en USD 1.106.060; y la remodelación de la clínica veterinaria de Quito – UNAC, con una inversión de USD 498.618,72.
En lo que respecta a la Armada del Ecuador, se financiará la remodelación de la Escuela de Poligrafistas en Guayaquil por USD 279.321,77; la construcción de una base de interdicción marítima DEA (USD 460.000); un muelle para dicha base (USD 370.000); y la donación de cuatro botes tipo patrullero (USD 985.044).
La Presidencia destacó que la ejecución de estos proyectos refuerza las capacidades operativas de las fuerzas del orden y demuestra el respaldo internacional al gobierno ecuatoriano en su lucha contra el crimen organizado y la inseguridad. Según el comunicado, “la decisión de Estados Unidos de reanudar estos proyectos es un reflejo de la confianza en Ecuador como un país comprometido con la seguridad y la gestión pública eficiente”.
En este mismo contexto, el presidente Noboa firmó dos decretos ejecutivos mediante los cuales se dispone el pago de una compensación económica extraordinaria y por una sola vez de USD 507,60 a todos los miembros activos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La medida busca reconocer el esfuerzo y riesgo que enfrentan los uniformados en el marco del conflicto armado interno, declarado por el propio Gobierno el 9 de enero de 2024 mediante el Decreto 111 y ratificado posteriormente en los decretos 218 y 552.
Los decretos fueron firmados en la ciudad de Manta el mismo 26 de marzo de 2025 y detallan que esta compensación se entregará conforme la normativa vigente. Tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas han desplegado operaciones durante los últimos meses para contener el accionar de grupos armados organizados que, según el Ejecutivo, representan una amenaza directa a la seguridad pública, la soberanía nacional y la integridad territorial.
Los fundamentos legales de esta compensación se sustentan en el artículo 115 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), que autoriza el pago de valores compensatorios a servidores de las fuerzas del orden que, por la naturaleza de su trabajo, no perciben beneficios adicionales como horas extraordinarias o encargos.
Los decretos fueron respaldados con informes técnicos y jurídicos favorables emitidos por la Dirección Nacional Financiera, la Dirección de Talento Humano y la Dirección Jurídica de la Policía Nacional, en el caso del Decreto 585, y por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, en el caso del Decreto 584. También cuentan con el aval del Ministerio del Trabajo y el dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.
El gobierno ecuatoriano afirma que estas acciones buscan reforzar la institucionalidad, premiar el compromiso de las fuerzas del orden y demostrar su voluntad política para enfrentar con firmeza la violencia y la criminalidad en el país. La compensación a las fuerzas de seguridad sucede a pocas semanas del balotaje en Ecuador.
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