Este miércoles se vivió una jornada de tensión en La Paz, Bolivia, con protestas por la escasez de combustible que afecta al país desde hace más de tres semanas. Transportistas de la ciudad de El Alto, colindante con la sede de Gobierno, y miembros de la organización indígena Ponchos Rojos se manifestaron para exigir una mayor dotación de carburantes a la administración de Luis Arce.
Los indígenas del altiplano cercaron la Plaza Murillo, epicentro del poder político en Bolivia, con la intención de entregar un listado de demandas sindicales al Gobierno que incluyen implementar una política de austeridad en el Gobierno y la empresas estatales, la reducción de salarios públicos, la destitución de algunos ministros y el abastecimiento de combustible, entre otros pedidos que cita la prensa local. Tras haber presentado el documento, dieron un plazo de 72 horas para que se dé respuesta a sus demandas o de lo contrario advirtieron con pedir la renuncia del presidente.
En paralelo, choferes de El Alto acataron un paro con más de 25 puntos de bloqueo para exigir la dotación de carburante, el mantenimiento de carreteras y que se nivelen los precios de los repuestos y otros accesorios para sus vehículos. Al finalizar la jornada, determinaron suspender temporalmente la protesta y anunciaron que retomarán las medidas de presión el próximo lunes, para confluir con las manifestaciones de otros sectores.
Sin embargo, el miércoles los ministros de Hidrocarburos y Obras Públicas sostuvieron un encuentro con un grupo de transportistas con los que se comprometieron a regularizar el abastecimiento de combustible, lo que podría neutralizar las manifestaciones de este sector.
A las protestas en La Paz se sumaron otras en el norte de Santa Cruz donde algunos productores tomaron trancas y cuestionaron que el Gobierno siga cobrando peaje sin resolver la situación del combustible, que los afecta particularmente en esta temporada de cosecha agrícola.
Desde inicios de mes, Bolivia enfrenta una de las mayores crisis de desabastecimiento de diésel y gasolina con una dotación que apenas supera la mitad de la demanda, lo que provocó extensas filas de vehículos para llenar sus tanques.
En medio del creciente malestar, el Gobierno dispuso diez medidas para reducir el consumo y admitió que la escasez se debe a la falta de liquidez en dólares. La petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aceleró en los últimos días los despachos de diésel y gasolina y aseguró que llegó a cubrir el 100% de la demanda, por lo que las filas de vehículos en los distribuidores desparecerán paulatinamente.
En entrevista con el canal Unitel, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, informó sobre el ingreso de mayores volúmenes de combustible y lamentó que se realicen protestas y bloqueos. “Necesitamos que el combustible llegue al país, se pueda distribuir y bloqueando no es la forma en la que va a continuar este abastecimiento normalizándose”, afirmó.
Entre tanto, el presidente Luis Arce exige que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe créditos externos por 1.600 millones de dólares para aumentar el flujo de divisas en el país y calificó el retraso en la aprobación como un “boicot” contra su Gobierno. Si bien, actores de la oposición y analistas coinciden en que los créditos no resolverán el problema de fondo esta semana se aprobó uno de 75 millones de dólares y hay otro que será tratado este jueves en el Legislativo.
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