Un informe de la ONG Prisoners Defenders denunció que, desde su liberación el pasado 16 de enero, el líder opositor cubano José Daniel Ferrer ha enfrentado una renovada ola de hostigamiento por parte del régimen debido a su trabajo social con la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En apenas dos meses, la organización distribuyó más de 14.000 servicios de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos y atención médica, a más de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad en Santiago de Cuba. Como respuesta, la dictadura ha intensificado la represión contra Ferrer y los beneficiarios de estas acciones solidarias.
Una vida de activismo humanitario
El compromiso de José Daniel Ferrer con la ayuda humanitaria no es reciente. Desde 1991, en pleno Período Especial, el opositor inició una iniciativa de pesca junto a su familia en el embalse Canasta, en Santiago de Cuba.
Con el tiempo, la cooperativa creció hasta contar con 10 botes y 35 pescadores, permitiendo no solo alimentar a sus propias familias, sino también proveer comida a miles de personas. Sin embargo, en 1997 la Seguridad del Estado intervino y desmanteló la iniciativa, considerando su impacto como una amenaza.
A lo largo de su vida, Ferrer enfrentó varias condenas por su activismo. En 2003, durante la Primavera Negra, fue encarcelado por recolectar firmas para el Proyecto Varela, una iniciativa que buscaba cambios democráticos en Cuba. Pasó ocho años y cinco meses en prisión. En 2019, fue nuevamente arrestado y condenado a cuatro años y medio de “libertad limitada”. Su más reciente detención ocurrió en 2021, cuando intentó sumarse a las protestas del 11 de julio. Finalmente, fue liberado en enero pasado tras un acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen cubano.
Incluso en prisión, Ferrer continuó su labor humanitaria, organizando la distribución de alimentos y medicamentos entre los presos en peores condiciones, con apoyo de redes solidarias dentro y fuera del país.
Represión contra la ayuda social
Desde su salida de la cárcel, Ferrer retomó su trabajo humanitario en la sede de la UNPACU en Altamira, Santiago de Cuba. A pesar de las dificultades, en tan solo 58 días han distribuido 2.875 desayunos, 8.010 almuerzos y 1.965 cenas a poblaciones en situación de pobreza extrema, consignó Prisoners Defenders.
Además, han brindado atención médica a cientos de personas, muchas de ellas afectadas por enfermedades como tuberculosis, dengue y desnutrición.
El régimen cubano ha respondido con detenciones, multas y amenazas contra Ferrer y los voluntarios de la UNPACU.
Numerosos comerciantes que abastecían de alimentos a la organización han sido sancionados para evitar que continúen colaborando. A su vez, los beneficiarios del comedor social fueron hostigados por la policía política, lo que evidencia la criminalización de la ayuda humanitaria independiente en Cuba.
La crisis sanitaria y la falta de asistencia
El informe de Prisoners Defenders denunció que la situación de la salud en Cuba se ha deteriorado drásticamente. La exportación masiva de médicos en misiones internacionales ha dejado a la población sin atención básica, mientras que la escasez de medicamentos se ha agravado debido a la comercialización de estos en el extranjero.
Según la ONG, apenas un 1% de los ingresos obtenidos por el régimen en estas misiones se reinvierte en la salud pública.
Entre los pacientes que llegan a la sede de la UNPACU hay niños con signos de desnutrición, ancianos sin acceso a tratamiento para enfermedades crónicas y personas con dolencias graves que no pueden conseguir medicamentos.
Ferrer y su equipo también atendieron casos de personas con tuberculosis y enfermedades cutáneas como la sarna, derivadas de las pésimas condiciones higiénicas y la falta de agua potable en muchas regiones de la isla.
Un modelo de represión sistemática
La criminalización de la ayuda humanitaria no es un hecho aislado. Según Prisoners Defenders, el régimen cubano impone estrictos controles sobre cualquier acción solidaria que no esté bajo su supervisión. Las parroquias y organizaciones religiosas también han enfrentado restricciones severas para ofrecer asistencia a la población necesitada.
Ferrer no es el único activista reprimido por su labor social. Otros miembros de la UNPACU, como Fernando González Vaillant, Roilán Zárraga Ferrer e Ian Gámez Gell, han sido objeto de acoso, detenciones arbitrarias y procesos judiciales con el fin de desmantelar las redes de apoyo independientes.
A pesar de la persecución, la labor de Ferrer y su equipo continúa. En la sede de la UNPACU, los aplausos espontáneos y las muestras de gratitud de los beneficiarios son un testimonio de la necesidad urgente de esta asistencia.
No obstante, el hostigamiento estatal evidencia el temor del régimen ante cualquier iniciativa autónoma que desafíe su monopolio sobre la vida social y económica del país.
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