Representantes legales denunciaron este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la existencia de una política de destierro y desnacionalización de opositores por parte del régimen de Nicaragua, que provoca daños irreparables a los derechos de las víctimas.
La CorteIDH escuchó este martes a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos que solicitaron mantener las medidas provisionales que el tribunal ha venido dictando desde 2021 en favor de un total de 115 personas opositoras que fueron detenidas y luego la mayoría de ellas desterradas y despojadas de su nacionalidad por parte del régimen de Daniel Ortega.
“La política estatal sistemática y generalizada de destierro, desnacionalización y privación de derechos que afectó a las personas beneficiarias de las medidas provisionales profundizó gravemente el riesgo en que se encuentran ellas y sus familias en la actualidad”, declaró María Luisa Gómez, de la organización Raza e Igualdad.
De las 115 personas beneficiarias de las medidas cautelares, hay al menos 9 que todavía se encuentran detenidas y el resto formaron parte de dos deportaciones masivas que realizó el Gobierno a Estados Unidos en 2023, y a Guatemala en 2024.
Estas personas fueron declaradas como traidoras a la patria y sus derechos ciudadanos fueron suspendidos de forma perpetua ante la jurisdicción nicaragüense al ser despojadas de su nacionalidad.
Las organizaciones que participaron en la audiencia de este martes, denunciaron que los opositores detenidos no tienen acceso adecuado al agua, a la salud y son sometidos a tratos crueles e inhumanos.
Además, afirmaron que el periodista Catalino Leo Cárcamo, beneficiario de las medias provisionales, se encuentra en situación de desaparición forzada desde noviembre de 2024.
Las organizaciones también denunciaron la confiscación de bienes y cuentas bancarias de las personas beneficiaras de las medidas provisionales.
Las ONG pidieron a la CorteIDH mantener las medidas provisionales que ordenen al Estado proteger la vida y la integridad de las víctimas, así como restituir la nacionalidad y los bienes confiscados y liberar a quienes aún siguen en prisión.
La CorteIDH también escuchó a la integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas, Ariela Peralta.
Peralta explicó que hay al menos 453 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, pero que el número podría ser mayor tomando en cuenta a personas que no han sido informadas.
“La privación arbitraria de la nacionalidad de 453 personas opositoras o percibidas como tales, constituye un crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Evidencia la intención del Gobierno a seguir castigando a los opositores reales o percibidos y su familia donde quiera que se encuentren y de infundir temor a represalias ante cualquier acción”, declaró Peralta.
La representante del Grupo de Expertos recordó que la reciente reforma constitucional aprobada en Nicaragua establece la privación de la nacionalidad para las personas declaradas traidoras a la patria.
El Estado de Nicaragua, que no envió representación a la audiencia de este martes, fue declarado por la CorteIDH en desacato desde el 2022 por negarse a atender las medidas provisionales de este caso.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
(Con información de EFE)
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