Advierten por el estado de las cárceles en Ecuador: preocupa el alza de casos de tuberculosis

La situación en las cárceles ecuatorianas registra niveles alarmantes de crisis humanitaria, según el informe preliminar del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), presentado a un año de la militarización de las prisiones en Ecuador y con base a los datos recabados durante el 2024. Este documento expone múltiples violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (PPL) y advierte sobre la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis y las paupérrimas condiciones de vida en los centros penitenciarios.

El informe revela que el sistema carcelario alberga a una población considerablemente vulnerable en condiciones de extrema precariedad. En particular, el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral aloja a 308 internos diagnosticados con tuberculosis, cifra que podría aumentar tras la incorporación de nuevos reclusos. Este espacio, diseñado para albergar a 400 personas, se encuentra en condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de atención médica adecuada. Según el CDH, las condiciones de habitabilidad y la alimentación deficiente no solo complican el tratamiento de esta enfermedad, sino que también ponen en riesgo la vida de los afectados. Además, el suministro de medicamentos es irregular, lo que vulnera el derecho a la salud de las personas detenidas: “No se pudo identificar un protocolo claro de atención médica. Las personas detenidas que presentan alguna enfermedad o condición clínica, deben solicitarle a funcionarios de las FFAA quienes ponen en conocimiento a guías penitenciarios y en muchas ocasiones este procedimiento no es efectivo”, se indica.

A esto se suma la carencia de medicamentos esenciales. Según denuncias de los reclusos, incluso las derivaciones a hospitales externos son ineficaces, con citas que pueden demorarse meses y sin priorización para casos graves.

El hacinamiento es otro de los problemas graves documentados por el informe. Las celdas están ocupadas por un número de internos que supera ampliamente su capacidad, y el acceso a agua potable es limitado o inexistente en muchas áreas del complejo. Las condiciones de insalubridad no solo contribuyen a la propagación de enfermedades infecciosas, sino que también afectan gravemente la dignidad y el bienestar mental de los internos. Según las observaciones del CDH, muchos detenidos presentan un aspecto cadavérico, con signos evidentes de desnutrición y falta de higiene. En septiembre de 2024, Infobae ya reportó sobre la preocupación del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas sobre estos casos.

El acceso a una alimentación adecuada también es una preocupación crítica. La comida, suministrada por una empresa privada, a menudo llega en mal estado debido a retrasos en su distribución. En algunas ocasiones, los alimentos en descomposición son desechados, pero en la mayoría de los casos se sirven a los internos, quienes los consumen ante la falta de alternativas. Además, los utensilios necesarios para comer no se distribuyen de manera regular, lo que obliga a los reclusos a improvisar con materiales inadecuados, aumentando los riesgos de enfermedades estomacales.

El informe del CDH también denuncia la militarización de las cárceles, implementada como parte de un estado de excepción decretado por el gobierno en enero de 2024. Aunque esta medida se justificó como una respuesta para restablecer el orden y la seguridad en los centros penitenciarios, la ocupación militar ha generado múltiples violaciones a los derechos humanos, de acuerdo a los registros de la organización. Según testimonios recogidos por el CDH, las Fuerzas Armadas han recurrido a prácticas de tortura y abuso, incluyendo golpizas, restricciones arbitrarias de alimentos y violencia sexual. Estas acciones no solo contravienen los principios básicos de derechos humanos, sino que también perpetúan un clima de violencia y descontrol en los centros penitenciarios.

Tras su periodo de sesiones que culminó en julio de 2024, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por los informes que revelan esas mencionadas deficiencias en el sistema penitenciario ecuatoriano. Desde el 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido al Ecuador que recupere el control de las prisiones luego de documentar las vulneraciones y la gobernanza criminal que opera en los reclusorios. Sobre esto último, el CDH recalca que la militarización tampoco ha logrado resolver los problemas estructurales del sistema penitenciario. Según el informe, la presencia militar no garantiza el control efectivo de los centros, permitiendo, en cambio, el ingreso de objetos ilícitos como drogas, celulares y armas.

Ante esta situación, el CDH ha emitido una serie de recomendaciones urgentes. Entre ellas, destaca la necesidad de crear un plan de emergencia penitenciario que priorice la atención médica, la provisión de alimentos adecuados y la mejora de las condiciones de habitabilidad en las cárceles. También se propone limitar el rol de las Fuerzas Armadas en la gestión penitenciaria, restringiendo su intervención a casos estrictamente excepcionales y bajo supervisión civil.

Asimismo, el informe subraya la importancia de reactivar programas de rehabilitación, educación y recreación para los internos, elementos fundamentales para cumplir con la finalidad constitucional del sistema penitenciario. Según el CDH, la ausencia de estas actividades no solo vulnera los derechos de los reos, sino que también limita su acceso a beneficios penitenciarios, perpetuando un ciclo de exclusión y abandono.

La falta de transparencia en las acciones de las Fuerzas Armadas es otro punto crítico señalado por el informe. La clasificación de documentos operativos como “reservados” ha obstaculizado investigaciones judiciales sobre torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, indica la organización.

Según el CDH, para abordar la crisis penitenciaria en Ecuador se requiere un enfoque integral basado en derechos humanos, con una planificación adecuada, recursos suficientes y una supervisión independiente que priorice la transparencia y la rendición de cuentas.