
La supuesta víctima de Evo Morales en el caso trata de personas volvió a hacer referencia al caso, esta vez mediante un memorial presentado ante la Justicia en el que niega haber sido objeto de trata y se declara víctima de “persecución” por parte de la fiscal que lleva el caso, Sandra Gutiérrez, y del ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.
En el documento presentado ante el Juzgado de Instrucción Penal de Tarija (sur), Cindy S.V. deslinda de responsabilidad al ex presidente y a sus padres, a quienes se acusa de haber actuado en complicidad para recibir favores políticos de la vinculación entre su hija y el ex mandatario. “Jamás fui víctima de trata, ni por mis padres ni por ninguna persona, nunca nadie me pagó o me dio nada a cambio de simpatías o favores sentimentales”, señala el memorial cuya autenticidad fue confirmada a Infobae por su abogado.
“Nunca fui víctima de estupro por ninguna persona”, indica el documento presentado el 6 de enero de 2025 en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
En el memorial, Cindy S.V. ratificó que se siente perseguida por la fiscal Sandra Gutiérrez y el ministro Eduardo Del Castillo, quienes, según ella “no la dejan vivir en paz”. La joven aseguró que incluso le pidió al ministro “que no la meta en sus líos” y que no la “usen en asuntos políticos.”

En una entrevista anterior, Cindy S.V. ya había implicado a la fiscal Gutiérrez y al ministro Del Castillo en este caso, a quienes acusó de haberla obligado a cambiar el apellido de su hija y salir del país el año 2021 para cerrar el caso que había sido inicialmente abierto en la gestión de Jeanine Añez. “Yo solamente me he sometido para no tener problemas, para que no hagan desaparecer a mi hija”, manifestó entonces la presunta víctima.
Tres años más tarde, y en medio del momento de mayor tensión en la disputa interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), el caso fue reabierto y se amplió la acusación contra los padres de la joven. Emeterio V., el padre de la menor, está recluido en la cárcel de Morros Blancos bajo la figura de detención preventiva y la madre, Idelsa P., fue declarada en rebeldía por no asistir a la audiencia de medidas cautelares a la que fue convocada junto al ex presidente el pasado 14 de enero.
Sobre las acusaciones, la fiscal Gutiérrez manifestó que son “maniobras” para apartarla de la investigación. “Yo no me aferro a nada pero tampoco voy a permitir que vengan con mentiras, si están diciendo eso tendrán que demostrar todo lo que han dicho”, expresó ante los medios locales. En tanto, el ministro Del Castillo no dio mayor explicación y se limitó a bromear diciendo que “ya pasó el Día de Inocentes”.
Por esta investigación, la semana pasada se realizó una audiencia de medidas cautelares a la que ni el ex presidente ni la madre de la víctima acudieron, por lo que ambos fueron declarados en rebeldía por el juez Nelson Rocabado, quien dispuso su aprehensión, su arraigo, la congelación de sus cuentas bancarias y la anotación de sus bienes.

El caso está en la primera línea de la agenda informativa de Bolivia por las implicaciones políticas que conlleva y la posible aprehensión del ex presidente, que se encuentra bajo el resguardo de sus simpatizantes en la región cocalera del país desde finales de septiembre ante una posible aprehensión.
El proceso judicial contra Morales ha profundizado la pelea entre él y el presidente Luis Arce, quienes se distanciaron a mediados de de 2021 por diferencias sobre el rumbo del Gobierno y el control del partido.
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