La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el sábado una resolución que declara el 8 de diciembre de cada año como día de luto nacional en memoria de los cuatro menores asesinados en Guayaquil tras ser aprehendidos por una patrulla militar.
Los cuerpos de los niños fueron hallados calcinados y con signos de tortura en las inmediaciones de Taura, un hecho que conmocionó al país y puso en el centro del debate la lucha contra la impunidad.
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Con 92 votos a favor, el Parlamento ecuatoriano tomó esta decisión como un acto simbólico “en memoria de la justicia y la lucha contra la impunidad”, en honor a Steven Gerald M. L. (11 años), Josué Didier A. B. (14 años), Ismael Eduardo A. B. (15 años) y Nehemías Saúl A. P. (15 años).
La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, presentó la moción y señaló que el país “no necesita más silencios cómplices” ante violaciones graves a los derechos humanos.
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Además, la resolución incluye un compromiso de la Asamblea Nacional para realizar acciones a nivel nacional e internacional con el fin de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición de estos hechos.
La desaparición de los menores ocurrió el pasado 8 de diciembre en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, después de un entrenamiento de fútbol.
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Según videos difundidos en redes sociales, un grupo de soldados detuvo a los menores de edad cerca de un centro comercial y los trasladó en una camioneta. Posteriormente, sus cuerpos calcinados fueron encontrados en una zona cercana a una base militar en Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil.
El 24 de diciembre, una jueza determinó que el caso debía ser investigado como desaparición forzada y con “responsabilidad del Estado”, tras aceptar un hábeas corpus presentado por las familias de las víctimas.
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La jueza señaló que existían pruebas que indicaban que los 16 militares involucrados en la detención no cumplieron con los protocolos establecidos.
El pasado martes, estos 16 soldados fueron formalmente procesados por desaparición forzada, y un juez ordenó su prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.
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El ministro de Gobierno, José de la Gasca, afirmó que “no se puede hablar de un crimen de Estado” en este caso. Según De la Gasca, las investigaciones aún están en curso y no se confirmó que los hechos respondan a un operativo oficial o a un acto de lesa humanidad.
Sin embargo, subrayó que el crimen “no puede quedar impune” y solicitó a la Fiscalía profundizar las investigaciones.
El asesinato de los menores provocó indignación nacional e internacional, con críticas hacia las fuerzas armadas y demandas de justicia por parte de las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.
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Los niños, enterrados el pasado miércoles en Guayaquil, pertenecían a grupos vulnerables de atención prioritaria, lo que intensificó las denuncias de abuso y excesos en operativos militares en zonas marginales del país.
(Con información de EFE)
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