
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión aprobó reformas a la ley que regula la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), con el objetivo de delimitar sus competencias exclusivamente al sector de telecomunicaciones. La medida busca reorganizar el marco institucional estatal y transferir a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) las atribuciones en materia de electricidad.
Durante la sesión de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, los diputados dieron luz verde a una propuesta que modifica el título de la ley para denominarla “Ley de Creación de la Superintendencia General de Telecomunicaciones”. El cambio establece que la SIGET solo ejercerá funciones regulatorias sobre el sector de las telecomunicaciones, mientras que las responsabilidades en electricidad pasarán a la DGEHM, entidad adscrita al Ministerio de Economía.
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El director general de Energía, Hidrocarburos y Minas y presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Alejandro Álvarez Campos, explicó ante la comisión que la reforma “traslada todas las atribuciones que tiene la SIGET en materia de electricidad únicamente, para consolidar un marco institucional más integrado y coherente con los objetivos estratégicos del sector”. Álvarez detalló que la transición se hará a través de una comisión especial y tendrá un plazo máximo de seis meses para completar el traslado de expedientes, registros y recursos.
En el debate, varios legisladores defendieron la iniciativa oficialista. El diputado William Soriano afirmó que “la energía es la columna vertebral de un país”, y consideró que la reforma “obedece también a la planificación que tiene el Gobierno del presidente Nayib Bukele”. Señaló que centralizar las competencias regulatorias en la DGEHM permitirá “mayor certeza jurídica para los inversionistas y reglas claras para el sector”.
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La diputada Elisa Rosales leyó el dictamen favorable de la comisión, en el que se argumenta que “la propuesta fortalece la coordinación entre las instituciones públicas al evitar la duplicidad de funciones y optimizar el uso de los recursos del Estado”. El documento también subraya que la actualización legal busca “armonizar el contenido de la ley con la redistribución de competencias vigente, fortaleciendo la seguridad jurídica mediante la eliminación de disposiciones que ya no corresponden a la estructura institucional”.
El nuevo marco legal establece que la SIGET será responsable únicamente de la aplicación de normas internacionales y nacionales sobre telecomunicaciones, así como de la supervisión, regulación y control de ese sector. La entidad contará con autonomía administrativa y financiera, y tendrá la facultad de aprobar tarifas, dictar normas técnicas, dirimir conflictos y publicar información estadística sobre telecomunicaciones.
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Por su parte, la DGEHM asumirá la regulación y supervisión del sector eléctrico, incluyendo la autorización de concesiones, la aprobación de cargos y tarifas, y la gestión del registro público de electricidad. La transferencia de funciones también contempla el traspaso de activos, archivos y personal técnico, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la propuesta.
Durante la discusión, la diputada Claudia Ortiz planteó inquietudes sobre el proceso y advirtió sobre un posible conflicto de intereses, al señalar que “el señor director de Hidrocarburos y Minas es también el presidente de la CEL, que es una generadora de energía. Entonces, la misma persona va a dirigir una institución que va a ser la que regule el sector y una institución que va a ser regulada”. Ortiz solicitó que la Asamblea vigile esta dualidad de funciones.
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El dictamen aprobado también introduce nuevas reglas para la designación de directores en la SIGET, prohibiendo que quienes hayan ocupado ese cargo representen a operadores del sector durante los dos años posteriores a su gestión. Los reglamentos, resoluciones y normas emitidas por la SIGET en materia de electricidad mantendrán su vigencia hasta que la DGEHM dicte nuevas disposiciones.
El Ministerio de Hacienda deberá trasladar las asignaciones presupuestarias correspondientes, y los procedimientos administrativos en trámite pasarán a cargo de la DGEHM. Los procesos judiciales ya iniciados seguirán bajo la gestión de la SIGET.
La presidenta de la comisión, Dania González, al cierre de la sesión, indicó que “la claridad en la distribución de las competencias reduce cargas administrativas innecesarias, facilita la toma de decisiones y permite que cada entidad ejerza sus atribuciones dentro de un marco jurídico claramente definido”.
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