Varias instituciones gubernamentales han manifestado su pesar y compromiso con que se descubra la verdad luego de que la Fiscalía General del Estado confirmara la identidad de los cuerpos calcinados hallados en Taura, a 16 kilómetros de una base militar, como los de Steven Medina, Josué e Ismael Arroyo, y Nehemías Arboleda, los cuatro niños que fueron detenidos por militares y que luego desaparecieron y fueron asesinados. Las declaraciones surgen en medio de la indignación social y el reclamo por justicia.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, asegurando que las Fuerzas Armadas colaborarán plenamente con las investigaciones. “Desde que se conoció el hecho, se han tomado medidas para garantizar que los 16 militares investigados permanezcan a disposición de las autoridades que llevan el caso. No se ha permitido que exista riesgo alguno”, destacó la institución. Esos 16 uniformados ahora están bajo prisión preventiva mientras ocurren las investigaciones por el delito de desaparición forzada.
El Ministerio del Interior también se pronunció y rechazó enfáticamente el crimen: “La Policía Nacional continuará con su labor como órgano auxiliar en las investigaciones dirigidas por la Fiscalía General del Estado, respetando los estándares internacionales y la normativa nacional vigente”, señala el comunicado.
Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos expresó su consternación y solidaridad con las familias de los menores. En su mensaje, recalcaron la importancia de actuar con sensibilidad y respeto hacia las víctimas indirectas, evitando cualquier forma de revictimización: “Es crucial que su dolor no sea agravado mediante acciones que vulneren su dignidad o privacidad”, afirmó la institución. Asimismo, anunciaron la activación de servicios de protección integral para las familias afectadas y la articulación con otras entidades para garantizar justicia y reparación.
El rol de las Fuerzas Armadas en este caso ha estado bajo escrutinio desde que se conoció la participación de 16 militares en la aprehensión de los menores el pasado 8 de diciembre. Según el Ministerio de Defensa, todos los implicados han comparecido a las diligencias judiciales sin recurrir a maniobras que obstaculicen el proceso. “Desde que se conoció el hecho, se han tomado medidas para garantizar que los 16 militares investigados permanezcan a disposición de las autoridades que llevan el caso. No se ha permitido que exista riesgo alguno, y han comparecido a todas las diligencias judiciales sin recurrir a maniobras que obstaculicen el proceso”, señala el comunicado oficial.
El hallazgo de los cuerpos calcinados en el recinto Casa de Zinc, en Taura, marcó un punto crítico en la investigación. Los métodos iniciales de identificación, como los análisis antropológicos y dactilares no lograron resultados concluyentes debido al avanzado estado de descomposición y a las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos: maniatados y calcinados. La confirmación de identidad llegó tras las pruebas de ADN realizadas por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
La desaparición y muerte de Steven, Josué, Ismael y Nehemías ha conmocionado al país. La sociedad civil organizada continúa expectante y exige respuestas concretas y un cambio profundo en las estructuras que permitieron que un caso de esta magnitud ocurriera.
Por su parte, el presidente Daniel Noboa, que en su última entrevista, del 23 de diciembre, dijo haber propuesto a un comité que los chicos fueran declarados “héroes nacionales”, a 9 días de esa intervención y tras la confirmación de la identidad, el mandatario no se ha pronunciado, tampoco su oficina de prensa.
Antonio Arroyo, tío de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, habló con la prensa ecuatoriana cuando se confirmó la identidad de los restos calcinados, reclamó que el anuncio sobre los resultados de las pruebas de ADN se hayan difundido después de la audiencia de formulación de cargos de los militares involucrados. Además dijo: “Queremos respuestas inmediatas y que los responsables estén donde deben estar, en la cárcel, no en bases militares”.
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