La investigación sobre la desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, los cuatro menores capturados por militares el pasado 8 de diciembre en Guayaquil, avanza con pasos clave.
La Fiscalía ya recibió la declaración de un testigo crucial: el hombre que permitió a uno de los hermanos Arroyo realizar una llamada a sus padres antes de desaparecer. Esta persona, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, se perfila como una pieza fundamental para esclarecer los hechos ocurridos hace 18 días.
En una entrevista con Radio Centro, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que la Fiscalía dispone del testimonio de este testigo. Sin embargo, el funcionario no pudo revelar más detalles, pues señaló que dichas declaraciones forman parte del expediente investigativo, el cual se encuentra bajo reserva.
El testigo sería quien realizó dos llamadas al padre de los hermanos Arroyo. Habría prestado su celular a los chicos para que pidiesen ayuda, pues estaban abandonados, a más de 40 kilómetros de sus hogares y desnudos. El menor que habló por última vez con su padre describió haber sido golpeado por militares, que los acusaron de un robo: “Papá, ven sálvame”, fue su clamor. Incluso se habría enviado la ubicación de los chicos por Whatsapp, ese 8 de diciembre. En una segunda llamada, el ahora testigo aseguró que “la mafia se llevó” a los niños. Esto ha sido relatado por las familias desde que el caso se volvió público.
Los nuevos detalles extraoficiales, revelados en un programa en YouTube del canal La Posta, indican que a los menores se los llevaron en motocicletas. Esa noche, también hubo motocicletas que salieron de la Base militar de Taura, según se mencionó en otro video del mismo canal. No obstante, esta información no ha sido negada o confirmada por las autoridades.
La Fiscalía lleva el caso bajo la tipificación de desaparición forzada y ha informado que la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares implicados en el caso está programada para las 10h00 del próximo 31 de diciembre. En esta diligencia, se espera que se formalicen las imputaciones por desaparición forzada.
Mientras tanto, aún se esperan los resultados de antropología forense y ADN que se aplican a los cuerpos incinerados y en descomposición hallados a 16 kilómetros de la base militar y que se presume serían de los menores. En caso de que se confirme que corresponden a los chicos, los expertos aseguran que la investigación podría investigar el delito de ejecución extrajudicial.
En la entrevista mencionada, Loffredo aseguró que “nada de lo que hayan hecho los niños justifica que el día de hoy estén desaparecidos”. Además indicó que “la patrulla no notificó al mando superior sobre el procedimiento”, en referencia a la detención.
El ministro hizo referencia a que los militares dijeron haber intervenido cuando hubo una alerta de robo, sin embargo, el 24 de diciembre, durante la audiencia para resolver un hábeas corpus, el fiscal Christian Fárez, quien lidera la investigación, declaró que no existen evidencias de que los menores hayan participado en algún hecho ilícito: “No hay pruebas, partes policiales ni testimonios que sustenten la versión de un presunto robo. No existe ningún acto ilícito que hayan cometido los niños”, afirmó Fárez.
El ministro Loffredo también señaló que no habrá encubrimiento: “Soy ministro de Defensa, pero también soy padre. No voy a encubrir a nadie. Las personas responsables tendrán que pagar por sus errores”, dijo. No obstante, mencionó que el accionar de 16 militares no puede condicionar la labor de las Fuerzas Armadas y aseguró que: “Se está tratando de posicionar que los militares son unos locos que salen en gavillas para secuestrar y desaparecer menores”.
A pesar de las declaraciones del secretario de Estado, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), operativa desde hace 12 años, denunció que, además de los niños de Guayaquil, hay otros cinco jóvenes y adolescentes desaparecidos tras operativos militares. Asfadec recordó que: “La desaparición de personas está considerada como un delito de lesa humanidad, es decir, un delito de mucha gravedad y la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir terror en la ciudadanía”.
Mientras tanto, en redes sociales continúa una campaña de desprestigio que utiliza fotografías falsas que se las vincula a los niños desparecidos para intentar posicionar que pertenecían a grupos criminales. Esto fue desmentido por el portal de verificación de datos Lupa Media, que encontró que se usaron imágenes de otros menores que datan del 2022.
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