El Parlamento de Nicaragua aprobó una ley de regulación del sistema bancario que aumenta el control de Daniel Ortega

El Parlamento de Nicaragua aprobó este jueves una polémica ley que permitirá al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo seguir expandiendo su poder en diversas áreas que hacen al manejo del país.

Tras la emisión en tiempo récord de un dictamen favorable que no contó con ninguna crítica o modificación, los 91 legisladores votaron por unanimidad dar curso a la Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero, que prevé el establecimiento de un “régimen regulatorio de la administración del sistema monetario y financiero entre los principales elementos de esta Nicaragua”.

Precisamente, la medida busca integrar “en un solo cuerpo legal las regulaciones que rigen al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, manteniendo a cada una funcional, administrativa, financiera y presupuestaria, para el cumplimiento de la ley y las leyes relacionadas”, según el texto.

Asimismo, la normativa establece la creación de un único órgano de dirección, el Consejo Directivo Monetario y Financiero, que tendrá a su cargo tanto el Banco Central como la Superintendencia. Así, agrega el proyecto en su artículo 24, las oficinas o dependencias del sector público quedarán obligadas a suministrar toda la información que estas entidades les soliciten, “con fines estadísticos y en el ejercicio de sus funciones”.

Por último, la Ley define que toda persona “natural o jurídica, con residencia o domicilio en el territorio nicaragüense, sea nacional o extranjera, está obligada a proporcionar al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, o a las entidades o personas designadas por estos, la información económica, financiera, estadística y de carácter regulatorio que se les solicite, en los formatos y plazos establecidos”.

La iniciativa fue repudiada por muchos nicaragüenses en el exilio, que advirtieron que, por la naturaleza de sus artículos y la velocidad en que fue aprobada, tras su presentación en la Asamblea el 23 de diciembre, se trata de una nueva maniobra del régimen sandinista por aumentar su poder en el país y su control sobre organismos clave.

Una de las cuestiones sobre la que más alertaron los disidentes fue el pleno acceso a la información financiera que el binomio Ortega-Murillo tendrá una vez entrada en vigor, que podría traducirse en una mayor persecución o amenazas a determinadas personas.

“Garantiza al régimen de Daniel Ortega el acceso a la información bancaria de cualquier persona en Nicaragua y le permitirá ejercer un mayor control sobre la banca privada del país y sus miembros”, apuntó el portal Despacho 505, mientras que el medio 100% Noticias señaló que la medida “anulará” el secreto bancario que protege estos datos, pese a que la Ley asegura que se velará por él.

Este proyecto se suma al aprobado por la oficialista Asamblea Nacional el pasado 22 de noviembre que, por orden de Ortega, establece la reforma de la Constitución. Tal como ocurre ahora, el cambio solo apunta a aumentar el poder del régimen, sometiendo a todos los poderes y organismos a su control, ejerciendo una mayor influencia en los medios, creando los cargos de copresidente y copresidenta, y ampliando el período presidencial a seis años.

Estos cambios “aseguran un aparato represivo que amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y asociación, consolida un entorno de militarización y control social y, en particular, facilita el uso del Ejército bajo términos ambiguos como la ‘estabilidad de la República’ para reprimir a la oposición”, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos semanas atrás.

(Con información de EFE)