
Junto con las elecciones nacionales del próximo domingo en Uruguay, los uruguayos tendrán que definir o no si establecer en la Constitución tres grandes puntos que cambian la estructura del sistema jubilatorio del país. La propuesta fue impulsada por el PIT-CNT, la central de trabajadores del país, y tiene el respaldo de los sectores más volcados a la izquierda del sistema político. Pero también ha generado el rechazo de buena parte de los académicos, los economistas, las calificadoras de riesgo y los empresarios.
Para que la papeleta del Sí se apruebe, debe superar el 50% más uno de los votos emitidos el próximo domingo, un escenario que parece improbable según las principales encuestas. La propuesta del PIT-CNT establece la edad de retiro en 60 años, equipara la jubilación mínima al salario mínimo nacional y elimina los fondos privados de pensión (las AFAP, en Uruguay).
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Este lunes, gremiales empresariales se juntaron para rechazar públicamente la propuesta. La Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara de Comercio y Servicios y la Cámara Mercantil de Productos del País expresaron su “gran preocupación” por el plebiscito de seguridad social. “De aprobarse, tendrá consecuencias muy negativas para la economía y el empleo”, expresan.

Los empresarios aseguran que los referentes académicos, las fórmulas presidenciales de varios partidos y sus principales asesores –sin distinguir entre la orientación política de cada uno– “coinciden en alertar sobre lo perjudicial que resultaría la aprobación de este plebiscito, evidenciando un consenso amplio en el espectro político y académico”.
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“En un contexto donde la población envejece y la relación entre trabajadores y jubilados se vuelve cada vez más desbalanceada, la reforma planteada por el plebiscito es insostenible y peligrosa por el costo descomunal que impondría a la sociedad y que implicaría aumentar el IVA o los aportes patronales y personales a niveles insostenibles”, señalan.
Las medidas pondrían en riesgo la “estabilidad económica” del país y afectaría la “capacidad de gasto del Estado”. Si se aprueba, advierten los empresarios, sería necesario recortar los recursos que se destinan a otras áreas como la salud, la educación o las políticas sociales.
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“El plebiscito –directa o indirectamente– propone además confiscar el ahorro previsional de los trabajadores, privándolos de sus recursos para la jubilación y la posibilidad de heredarlos, abriendo la puerta a juicios multimillonarios por parte de empresas y usuarios”, alertan.
Uruguay tiene, hasta ahora, un sistema mixto. Los trabajadores aportan parte de su sueldo a un organismo previsional estatal (el Banco de Previsión Social) y otra fracción a una de las administradoras que invierten ese dinero en distintos papeles (en su mayoría, títulos del Estado uruguayo). Son cuatro las AFAP que hay en Uruguay. Una de ellas, República AFAP, se rige por el derecho privado pero tiene accionistas estatales.
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Las AFAP cobran una comisión por ese dinero de los trabajadores que invierten, lo que les genera su ganancia. Este “lucro” es cuestionado por los promotores del plebiscito y buscan prohibirlo en la Constitución.

“La eliminación de varios aspectos de las reformas anteriores y de las AFAP, sin indemnización, dañaría la reputación internacional de Uruguay, poniendo en riesgo la certeza jurídica que el país ha mantenido y que es clave para atraer inversiones y generar empleo”, sostienen las tres cámaras empresariales que firman el texto.
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Si se aprueba el plebiscito del PIT-CNT, no se podría cumplir con el “propio objetivo” del plebiscito. “Los efectos en la economía terminarán condicionando de tal manera el entorno económico que los objetivos perseguidos por la reforma no se cumplirán”, señalan.
Este lunes, el presidente Luis Lacalle Pou volvió a criticar la reforma que proponen los sindicatos. “Ni siquiera nos explican bien cómo se va a financiar, porque no lo pueden hacer, y se termina derribando la confianza”, dijo en un evento de la Cámara de la Construcción.
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