Para mitigar el déficit energético nacional, el gobierno ha implementado una nueva medida drástica. El Ministro de Energía, Antonio Goncalves ha ordenado que el sector productivo reduzca en “al menos un 50%” su consumo de energía durante diez horas diarias. Esta orden busca preservar las reservas de los embalses y evitar que el sistema energético del país colapse.
La crisis actual tiene como principal causa la escasez hídrica que afecta a los embalses ecuatorianos, de los cuales depende más del 60% de la generación de energía hidroeléctrica. Uno de los más críticos es el embalse de Mazar, que según las previsiones podría alcanzar niveles insostenibles para el 18 de octubre, poniendo en riesgo el funcionamiento de una de sus principales unidades, según advirtió el ministro de Energía y Minas, en un oficio dirigido al Director Ejecutivo del Operador Nacional de Electricidad CENACE.
A esta problemática se suma la imposibilidad de importar energía desde Colombia, una fuente que normalmente contribuye con un “aporte energético y de potencia para abastecer la demanda en períodos de demanda media y punta”. La suspensión de estas importaciones por parte del gobierno colombiano desde el 30 de septiembre ha puesto a Ecuador en una situación aún más vulnerable, enfrentando un déficit de hasta 400 MW en momentos críticos. Además, se escribe en la comunicación de Goncalves que: “Estas disminuciones de oferta registradas en la planificación y operación del sistema, obligarían a CENACE a realizar programaciones de cortes en períodos no autorizados en el comunicado emitido por la Secretaria General de Comunicación de la Presidencia”. El ministro se refiere a las nuevas franjas dispuestas por el gobierno para los racionamientos generales en el país.
Para evitar que la crisis energética desemboque en apagones incontrolados, el gobierno ha decidido imponer una reducción obligatoria del consumo eléctrico en el sector industrial, específicamente a los clientes regulados del grupo AV2, que se conectan directamente al Sistema Nacional de Transmisión. En el oficio emitido el 4 de octubre, Goncalves dispuso que estos sectores deberán reducir su consumo eléctrico en “al menos el 50%, en el período de 08:00 a 18:00, de cada día” mientras dure la emergencia energética.
La implementación de estas reducciones está bajo la responsabilidad del Operador Nacional de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, que deberán coordinar y garantizar que se cumplan los cortes programados en todo el país.
El sector productivo es uno de los más afectados por esta disposición. La reducción del 50% en el consumo de electricidad durante diez horas al día implica una disminución significativa en la capacidad de producción de industrias claves para la economía del país. Esto se traducirá en menores ingresos, posibles despidos y una desaceleración general de la actividad económica. El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) ha alertado sobre las graves consecuencias que estos cortes tienen en la economía, señalando que “cada corte de energía de 8 horas genera pérdidas aproximadas de USD 96 millones a escala nacional”.
Además de las pérdidas económicas, la falta de energía ha incrementado la inseguridad en varias regiones del país y ha paralizado muchas actividades que se desarrollaban de manera habitual. La CEE ha insistido en la necesidad de que el gobierno proporcione información clara y transparente sobre la programación de los cortes y sobre la duración estimada de esta crisis para que los sectores productivos puedan tomar decisiones informadas y minimizar las pérdidas.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas ha reiterado que las reducciones en el consumo de electricidad son esenciales para garantizar la operación del Sistema Nacional Interconectado, ya que de no cumplirse estas directrices, el país enfrentará cortes forzosos de energía sin posibilidad de planificación, lo que agravaría aún más la situación, según se lee en el oficio dirigido a CENACE.
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