Cárceles de Uruguay presentan hacinamiento “crítico”, con el mayor número promedio de presos de América Latina

La mayoría de las cárceles de Uruguay atraviesan un hacinamiento “crítico” que no tiene posibilidades de tratamiento y termina derivando en “violencia” y “descontrol”. La alimentación en varias de las unidades es “pésima” y hay una “debilidad generalizada” en la atención en salud, al tiempo que las actividades educativas tienen un “espacio limitado”.

Ese panorama es el que describe la Oficina del Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario uruguayo en su informe de 2023 consignado por el semanario Búsqueda.

Hace dos décadas que la población carcelaria no para de crecer y es una tendencia que se mantiene desde hace unos años. Hay más de 16.000 presos, de los cuales el 40% tienen penas menores a dos años. Estas cifras hacen que Uruguay esté ubicado en el primer lugar de América del Sur en presos por habitante y entre los primeros 10 del mundo.

“Las muy malas condiciones carcelarias de hoy son la fuente de muchos de los delitos del mañana. No habrá seguridad pública sólida sin un sistema penitenciario técnico, rehabilitador y con recursos”, dice el informe elaborado por el titular de esa oficina, Juan Miguel Petit.

El hacinamiento empeoró dos puntos con respecto al 2022 y alcanzó el 120%. La densidad se “ha amortiguado” en breves períodos de tiempo con la construcción de nuevas cárceles, pero ha aumentado desde el 2018 y, al menos desde 2020, supera “ampliamente la capacidad de alojamiento”. La oficina cuestiona “la lógica de responder al aumento” en la cantidad de presos con la construcción de más cupos de “dudosa viabilidad”.

“La alternativa real es un rediseño del sistema, que aumente su eficiencia con medidas alternativas fuertes y sustantivas para delitos con penas cortas y baje la reincidencia con programas y trabajo post penitenciario”, sugieren los autores.

Aunque la situación de los centros penitenciarios es diferente en distintos puntos del país, en la mayoría de los casos se registran situaciones de hacinamiento. “A mediados de 2024, el hacinamiento crítico continúa y las plazas nominales libres son más de 1.000″, describe el texto. A esa cantidad de cupos se le suman las vacantes de las chacras y los sectores más abiertos, ubicados en el interior del país.

El diagnóstico de las cárceles uruguayas se reitera desde hace años. De hecho, fue mencionado en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las condiciones de prisión y centros de reclusión en 2023 eran “malas e inhumanas” en varias de las instalaciones carcelarias por el “hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, la atención médica inadecuada y los altos niveles de violencia entre los reclusos”, advierte el texto.

Meses atrás, Petit había planteado que una de las políticas para revertir esta situación es generar medidas alternativas a la prisión, pero la dirección que se encarga de este tema “no cuenta aún con un presupuesto suficiente para presentar una propuesta fuerte como alternativa a la prisión de todo el país”.

“El escenario actual de informalidad y de carencias estructurales dejan abierta la posibilidad de corrupción en los distintos centros carcelarios, lo que además de perjudicar los fines institucionales del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), también afectaría el gasto público”, interpretó entonces, al presentar un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). El INR es la oficina estatal que está a cargo del sistema penitenciario.

Las instituciones entienden que debe haber una “transformación” del INR. “Requiere autonomía para su gestión y un nuevo formato de gestión y dirección política para tener voz fuerte dentro de la administración como ante el Parlamento y el Poder Judicial”, sugieren. Plantean, además, que debe haber un “impulso a la formación del personal penitenciario, apertura de nuevos roles y mecanismos para atraer técnicos y personal”.

Al presentar el nuevo informe, Petit propuso una política “fuertemente diferenciada” para las mujeres, un programa nacional de Educación en Cárceles y un módulo de salud mental y carné de salud penitenciario.