El Senado de Chile aprobó en horas de la noche de este martes un proyecto de resolución que solicita al presidente Gabriel Boric interceder ante la Corte Penal Internacional (CPI) para la emisión de una orden de detención contra el dictador Nicolás Maduro, acusado de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La petición, respaldada por 21 votos, se basa en la profunda crisis que vive Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, ampliamente denunciadas por su falta de legitimidad.
El senador Felipe Kast expresó su satisfacción por la unanimidad del Senado, destacando que toda la documentación necesaria, incluyendo pruebas de torturas y persecuciones, ya se ha cumplido.
En sus palabras, “nos dan hoy día la obligación moral de que el Senado de Chile le solicite al presidente Boric que no solamente reconozca al verdadero y legítimo ganador de las elecciones en Venezuela, sino que además la CPI pueda detener a Nicolás Maduro por todos los crímenes de lesa humanidad que hoy día se le persiguen”.
El documento aprobado subraya la necesidad de que Chile, como Estado miembro del Estatuto de Roma, cumpla con sus obligaciones internacionales de perseguir y juzgar los crímenes más graves que afectan a la humanidad, entre los que se incluyen el genocidio, los crímenes de guerra y la agresión. En este contexto, el Senado chileno exhortó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a llevar el caso de Venezuela ante la Sala de Cuestiones Preliminares para avanzar con el proceso judicial contra Maduro.

Entretanto, el senador Francisco Chahuán recordó que Chile ha sido denunciante en dos casos relacionados con los crímenes cometidos en Venezuela ante la CPI. Además, destacó la urgencia de emitir una orden de detención contra Maduro para evitar que siga obstruyendo la investigación debido a su posición de poder como jefe de Estado.
“En nuestra condición de denunciantes ante la Corte Penal Internacional, en dos de las numerosas causas que han sido fusionadas, se han establecido todos y cada uno de los elementos para iniciar una investigación formal”, mencionó Chahuán.
“Basta ya de impunidad. Debe pagar por todas las violaciones sistemáticas a los derechos humanos; por el hostigamiento a la oposición; por los crímenes que se están cometiendo en Venezuela”, agregó.
El proyecto de resolución expone que las violaciones cometidas por el régimen de Maduro incluyen asesinatos, encarcelaciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecuciones sistemáticas contra opositores políticos, catalogadas como crímenes de lesa humanidad según los artículos 7 y 18(2) del Estatuto de Roma.
Esta resolución se enmarca en el proceso judicial denominado “Situación en Venezuela I”, iniciado tras la remisión conjunta de varios Estados, incluida Chile, a la CPI en septiembre de 2018. El proceso, liderado por el representante legal de víctimas Juan Carlos Gutiérrez, ha sido crucial para documentar y llevar ante la justicia los abusos cometidos por el régimen venezolano.

La posición del presidente chileno, Gabriel Boric, sobre la crisis en Venezuela tras el fraude electoral de Nicolás Maduro, abrió un cisma en la coalición progresista con la que gobierna y lo ha alejado de sus principales colegas suramericanos, en Brasil y Colombia.
El pasado jueves, tras conocerse la decisión de la Justicia chavista de convalidar el controvertido resultado de los comicios celebrados el 28 julio, Boric indicó que el Tribunal Supremo de Justicia estaba terminando de “consolidar el fraude”.
“Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia”, expresó entonces en un mensaje en la red social X.
El domingo, el Partido Comunista de Chile, uno de los que sostienen la coalición de Gobierno, respondió con un comunicado en el que destacó su compromiso con “el respeto y la soberanía de los pueblos”, resaltó el “clima cívico y en paz” en el que se desarrollaron los comicios y reiteró la necesidad de que “la solución pacífica a la crisis sea lo que impere”.
(Con información de EFE)
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