Las fuerzas de seguridad en Guayaquil desmantelaron una escuela de sicarios y centros de secuestro que operaban en una zona alta de un cerro, en el noroeste de la ciudad. El operativo incluyó la destrucción de viviendas rústicas construidas con madera, hojas de zinc, caña y plástico.
Decenas de policías y militares participaron en el operativo, utilizando explosivos para derribar las estructuras, según recogió diario Expreso de Ecuador. Evelyn Montalván, representante de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, explicó a Infobae que se detectaron diez casas vacías usadas con fines no habitacionales, las cuales fueron demolidas. Además, se encontraron siete viviendas adicionales cuyos ocupantes presentaron documentos de posesión que serán verificados.
El terreno, con calles de tierra, desniveles y puntos resbaladizos, dificultaba el acceso, permitiendo a los delincuentes vigilar la llegada de las autoridades y huir rápidamente, según información de Expreso. Durante el operativo, se hallaron radios de comunicación utilizadas por los criminales para coordinar sus actividades y alertar sobre la presencia policial. Roberto Santamaría, jefe policial del distrito Nueva Prosperina, confirmó al medio que el área era utilizada para entrenar sicarios y realizar diversas actividades criminales, incluyendo el secuestro de personas.
En la zona, también se identificó un terreno baldío donde los delincuentes practicaban disparos y planificaban sus actividades ilícitas, en las cuales participaban menores de edad.
Los niños son mano de obra barata para los narcocriminales
Los niños que son cooptados por las bandas narcoterroristas de Ecuador provienen de hogares inestables y de una escolaridad inconclusa, así lo indica un estudio elaborado por la consultora de política en seguridad pública estatal, Katherine Herrera Aguilar. La investigación publicada por la Fundación Konrad Adenauer y la Red de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa verificó la situación en los cantones de alta peligrosidad en el Ecuador y concluyó que esas zonas están abandonadas por el Estado y, por tanto, sus poblaciones son más vulnerables ante los grupos de delincuencia organizada.
De acuerdo con los datos publicados en el estudio, las provincias más afectadas por la violencia criminal son Los Ríos (41,3%), Guayas (38,3%), Esmeraldas (37,6%), y Manabí (25,4%). Todas se encuentran en el litoral ecuatoriano. Guayas y Manabí son conocidas por sus puertos marítimos de exportación y por sus puertos pesqueros, respectivamente. La investigación reitera que la consolidación de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) está directamente relacionada con la inestabilidad económica y política del país. En ese contexto, “la comunidades cercanas a puertos, habitadas por personas de bajos recursos, son propensas a la ocupación ilegal de terrenos debido a la falta de empleo y medios de sustento”.
El abandono estatal, los ciclos de violencia y las pocas oportunidades hacen que los niños sean reclutados por las bandas criminales. Según el estudio, “los menores son mano de obra barata, no cuestionan órdenes, y tienen menos probabilidades de ser detenidos, por lo que los GDO observan y cooptan a los niños desde edades muy tempranas”.
Por su condición de infantes, los niños no levantan sospechas, por lo que son utilizados para transportar drogas y armas en las ciudades. La investigación reveló un dato impactante: los niños reclutados perciben entre USD 3.000 y USD 4.000, valores que “dentro de la cadena criminal, es realmente poco”, sobre todo porque los sicarios trabajan con cifras que incluso pueden bordear los USD 50.000, según quién sea el blanco.
Uno de los hallazgos del estudio sostiene que los niños y adolescentes que ingresan a las bandas delictivas suelen haber abandonado sus estudios y tienen lazos familiares inestables. En ese contexto, la ausencia de un entorno familiar y educativo propicia la violencia y afecta el desarrollo psicosocial: “Indican los vecinos que algunos menores son amenazados para que ingresen a las GDO y, una vez adentro, son nuevamente amenazados para que no deserten. Si bien, hay quienes lo hacen por necesidad, no falta quienes son obligados a cambio de que no agredan a sus familiares”, se explica en el artículo de Herrera.
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