Tras la petición de la Fiscalía General para que Mayra Salazar, ex relacionista pública de la Corte Provincial de Guayas y procesada por el caso Metástasis, dé su testimonio anticipado. El juez Felipe Córdova ha fijado al 28 de marzo como la fecha para escuchar a Salazar en el edificio de la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Según se ha anunciado en la prensa local, la audiencia será pública y la defensa de los otros vinculados a la investigación podrán hacerle preguntas.
La mujer de las múltiples caras ingresó al programa de víctimas y testigos protegidos, según confirmó la Fiscalía en un escrito entregado al juez Córdova. Salazar cayó presa en diciembre pasado luego del megaoperativo del caso Metástasis, que ya lleva 52 vinculados por el delito de delincuencia organizada. Desde entonces la ex relacionista pública, identificada como la operadora del entramado de corrupción judicial, guarda prisión en la cárcel de mujeres al sur de Quito.
El testimonio anticipado en Ecuador es un procedimiento legal que permite a una persona brindar su testimonio sobre un hecho delictivo antes de que se lleve a cabo el juicio correspondiente. Este mecanismo está diseñado para proteger a los testigos de posibles represalias y para garantizar la preservación de la evidencia. La persona testifica frente a un juez o fiscal, quien realiza un registro formal del testimonio, el cual puede ser utilizado como evidencia en el proceso judicial. Este procedimiento puede ser especialmente útil en casos de delitos graves donde los testigos pueden sentir temor por su seguridad o donde la preservación de la evidencia es crucial para el éxito del caso. Según la normativa ecuatoriana: “El juzgador podrá recibir como prueba anticipada los testimonios de las personas gravemente enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país, de las víctimas o testigos protegidos, informantes, agentes encubiertos y de todas aquellas que demuestren que no pueden comparecer a la audiencia de juicio”.
La televisora Ecuavisa indicó que la Fiscalía pedirá medidas de protección para Salazar, y para la fiscal Libia Sarabia, contra quien el asesinado capo Leandro Norero preparaba un atentado. El Ministerio Público sostiene que la vida de ambas corre peligro.
Quién es Mayra Salazar
La procesada en el caso Metástasis fue ex relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas. La detuvieron el pasado 14 de diciembre y al registrar su celular, las conversaciones mantenidas por Salazar con políticos, funcionarios, jueces, criminales y otros permitieron a la Fiscalía iniciar una nueva investigación: el caso Purga.
Ese nuevo proceso resultó en la detención del exlegislador Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo. Según mostró la Fiscalía, Salazar era la operadora de ambos. El caso también incluyó la detención de varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura, “que estarían involucrados en el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico, todo en detrimento de los intereses del Estados”. De los 15 magistrados penales de la Corte Provincial del Guayas, 9 fueron detenidos.
La mujer, cuyos chats han sido revelados por la Fiscalía, sobornaba a jueces, obtenía beneficios para criminales, hacía campañas, pedía hackear a medios de comunicación, concertaba citas con damas de compañía y hasta planificaba rituales de santería.
Antes de ocupar un puesto en la Corte Provincial del Guayas, Salazar fue relacionista pública de canal 10, conocido como TC Televisión. Uno de los medios incautados durante el correísmo y que quedó bajo administración del gobierno. Esa es la misma televisora que el pasado 9 de enero fue tomada por un grupo de criminales mientras transmitían en vivo.
Las conversaciones de la mujer no dejan de sorprender por sus alcances ilegales y por salpicar a figuras conocidas, desde figuras de televisión a jueces, políticos y servidores públicos. Salazar también aparece en los chats del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Según la Fiscalía: “Su rol de colaboración lo habría efectuado desde el ámbito administrativo, armando escenarios idóneos que podían favorecer los fines de impunidad y libertad que pretendía la organización criminal, como identificar jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos”.
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