En una operación conjunta llevada a cabo en el Centro de Rehabilitación Femenino de Pichincha, ubicado en Chillogallo, al sur de Quito, las autoridades ecuatorianas realizaron una requisa en busca de armas y objetos prohibidos. El despliegue involucró a 72 policías de unidades especializadas y 170 miembros de las Fuerzas Armadas, quienes arribaron al lugar alrededor de las 07:00 del 19 de marzo.
Esta intervención se llevó a cabo como parte de las acciones del Bloque de Seguridad y en el marco del decreto de estado de excepción por conflicto armado interno que aún se encuentra en vigor en Ecuador: “De esta manera se continúa ejecutando acciones que permitan mantener el control y seguridad dentro de los diferentes centros carcelarios del país, garantizando la seguridad de las personas privadas de la libertad”, informó la Policía Nacional en un comunicado.
Mayra Salazar, actualmente bajo prisión preventiva en este centro penitenciario, desempeña un papel clave en los casos Metástasis y Purga y ahora es testigo protegido de la Fiscalía. Salazar ha sido señalada como la operadora principal de la red de delincuencia organizada que manipulaba la justicia para obtener beneficios judiciales para criminales y políticos. Por el caso Métástasis hasta la fecha hay 52 procesados incluyendo a ex funcionarios judiciales, miembros de la Policía, entre otros.
En los videos difundidos por la Policía Nacional en sus redes sociales se observa a los agentes revisando minuciosamente bolsos, carteras y mobiliario en las celdas de la prisión. Los resultados del operativo derivaron en el decomiso de cuatro televisores, siete teléfonos móviles, radios, antenas de televisión, un microondas, un arma blanca y 33 objetos cortopunzantes.
Quién es Mayra Salazar
Mayra Salazar es una mujer de múltiples caras. La procesada en el caso Metástasis fue ex relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas. La detuvieron el pasado 14 de diciembre y al registrar su celular, las conversaciones mantenidas por Salazar con políticos, funcionarios, jueces, criminales y otros permitieron a la Fiscalía iniciar una nueva investigación: el caso Purga.
Ese nuevo proceso resultó en la detención del exlegislador Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo. Según mostró la Fiscalía, Salazar era la operadora de ambos. El caso también incluyó la detención de varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura, “que estarían involucrados en el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico, todo en detrimento de los intereses del Estados”. De los 15 magistrados penales de la Corte Provincial del Guayas, 9 fueron detenidos.
La mujer, cuyos chats han sido revelados por la Fiscalía, sobornaba a jueces, obtenía beneficios para criminales, hacía campañas, pedía hackear a medios de comunicación, concertaba citas con damas de compañía y hasta planificaba rituales de santería.
Antes de ocupar un puesto en la Corte Provincial del Guayas, Salazar fue relacionista pública de canal 10, conocido como TC Televisión. Uno de los medios incautados durante el correísmo y que quedó bajo administración del gobierno. Esa es la misma televisora que el pasado 9 de enero fue tomada por un grupo de criminales mientras transmitían en vivo.
En uno de los chats publicados Salazar contó a su pareja Christian Barberán que Correa le dio “trabajo y estabilidad”. En esa conversación de octubre de 2023, a 10 días del balotaje en Ecuador, Salazar indicó que si ganaba Daniel Noboa o Luisa González, su empleo en el gobierno estaba asegurado.
Las conversaciones de la mujer no dejan de sorprender por sus alcances ilegales y por salpicar a figuras conocidas, desde figuras de televisión a jueces, políticos y servidores públicos. Salazar también aparece en los chats del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Según la Fiscalía: “Su rol de colaboración lo habría efectuado desde el ámbito administrativo, armando escenarios idóneos que podían favorecer los fines de impunidad y libertad que pretendía la organización criminal, como identificar jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos”.
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