Santa Cruz, el departamento que produce 76% de los alimentos que consume Bolivia y que abarca 30% de su territorio, quiere una relación diferente con el centralismo que maneja el MAS.
Con su gobernador preso por orden de los jueces que obedecen al partido de gobierno, los cruceños proponen una nueva forma de relación con el Estado controlado por un partido que busca llevar a Bolivia al socialismo.
El departamento genera 34% del PIB nacional pero recibe, en la asignación que hace el gobierno nacional desde la ciudad de La Paz, solamente 3,18% del presupuesto general del Estado.
Desde 2009, el gobierno de Evo Morales acusa a los dirigentes cívicos de Santa Cruz de buscar el separatismo y para ello urdió acusaciones sobre terrorismo, lo que le llevó a detener y perseguir a dirigentes, aunque luego se comprobó que las acusaciones eran falsas.
El territorio de Santa Cruz es la ruta obligada hacia Brasil que debe recorrer la droga que se produce en el Chapare de Evo Morales, un territorio que los cocaleros asaltan y avasallan para ampliar sus cultivos de la hoja. Los cocaleros de Morales usan cualquier pretexto para atravesar Santa Cruz con sus cargas, incluso ocultas en arena.
El gobernador Luis Fernando Camacho, elegido con 58% de los votos en 2020, fue detenido el 28 de diciembre de 2022 después de anunciar un referéndum sobre la implantación del federalismo.
Un fiscal de La Paz ordenó la detención del gobernador, acusándolo de haber participado en el “golpe” contra Evo Morales en noviembre de 2019, cuando, en realidad, él sólo se había ofrecido a escribir la carta de renuncia del cocalero a la presidencia en medio de una masiva protesta por el fraude electoral de entonces.
Camacho se había presentado en el Palacio Quemado en esos días, llevando consigo la carta y una biblia pero el cocalero había decidido renunciar con un documento más corto y un mensaje por Tv, igual que su vicepresidente, Álvaro García Linera, y ambos partieron al Chapare, donde tomaron un avión enviado por el presidente de México, para escapar.
Antes de partir, los fugados ordenaron a los funcionarios que figuraban en la escalera de sucesión constitucional que renuncien, a fin de que el parlamento no pueda designar a los sucesores, pero olvidaron que Jeanine Áñez era vicepresidente del senado, lo que hizo posible que fuera designada presidente de la república en transición mientras se llame a nuevas elecciones. En octubre de 2020 fue elegido presidente Luis Arce, quien había sido designado candidato del MAS por el cocalero, que en ese momento estaba refugiado en Buenos Aires.
Un fiscal de La Paz ordenó en diciembre de 2022 la detención de Camacho, quien fue capturado el día 28 en su casa de Santa Cruz (340 metros sobre el nivel del mar) y llevado a la cárcel de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz (4.100 metros sobre el nivel del mar).
El gobernador está muy enfermo, pero el gobierno y sus jueces no aceptan que sea internado en una clínica y menos que sea llevado a Santa Cruz. Por ahora, según sus abogados, el gobierno sólo permite que Camacho pueda recibir la luz del sol durante una hora cada día.
En noviembre de 2022, el Comité Cívico de Santa Cruz conformó comisiones para decidir una nueva forma de relación del departamento con el Estado Plurinacional creado por el MAS.
Ahora, el dirigente Fernando Larach enumera los seis problemas principales que tiene Santa Cruz con el Estado centralista de Bolivia:
- Autonomía inconclusa: “El Gobierno central ha coartado el ejercicio de las competencias autonómicas de Santa Cruz”.
- Centralismo estatal: “El Gobierno central centraliza el poder y los recursos económicos, ignorando las necesidades de las regiones”.
- Discriminación al sector productivo cruceño: “El gobierno central bloquea el desarrollo del sector productivo cruceño”.
- Inequidad en la distribución de recursos económicos: “Santa Cruz aporta el 34% del PIB nacional, pero solo recibe el 3,18% del presupuesto general del Estado”.
- Ausencia del Estado en las provincias: “Las provincias cruceñas están aisladas y olvidadas por el gobierno central”.
- Imposición cultural: “El gobierno central intenta imponer su cultura a Santa Cruz, menospreciando las tradiciones y culturas cruceñas”.
En efecto, la dictadura del MAS impone prohibiciones para las exportaciones originadas en Santa Cruz, lo que se traduce en restricciones y extorsiones de los funcionarios del gobierno central.
Un cabildo abierto decidirá en noviembre la nueva relación de Santa Cruz con la Bolivia centralista.
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