La Policía y las Fuerzas Armadas del Ecuador han realizado varias intervenciones en las cárceles del país en cumplimiento al Estado de Excepción que rige desde el 24 de julio en los centros penitenciarios. Las cárceles de Guayaquil, principalmente la Penitenciaría del Litoral, han sido los escenarios de hallazgos sorprendentes. El último resultó no solo en el decomiso de armas, explosivos y droga, sino en la detención de nueve funcionarios gubernamentales, aunque solo ocho de las retenciones fueron admitidas por un juez.
Fusiles, bombas, granadas, explosivos, dinero en efectivo y droga estaban escondidos en las oficinas del Servicio de Atención Integral (Snai), la entidad encargada de las cárceles, en la Penitenciaria del Litoral, según informó la Fiscalía. Esta cárcel es la más violenta del país y recientemente vivió una masacre que dejó 31 reos asesinados.
Por el ingreso de esos objetos prohibidos, la Fiscalía pidió que se formulen cargos en contra de funcionarios administrativos, guías penitenciarios e incluso del director de la Penitenciaría del Litoral. Sin embargo, el juez que conoció el caso calificó la detención y aceptó el pedido de prisión preventiva para todos salvo del director porque el parte policial no tenía los comprobantes que respaldaban las evidencias. La Fiscalía anunció que investigará a quiénes elaboraron ese parte policial.
De comprobarse la culpabilidad de los detenidos, estos podrían enfrentar 14 años de prisión.
El hallazgo y detención sucedieron a una semana de la última masacre y tres días después de que el director del Servicio de Atención Integral renunciara a su cargo. Pese al estado de emergencia en las prisiones el gobierno aún no ha anunciado quién reemplazará al último director, que fue el quinto en dos años de mandato del presidente Guillermo Lasso.
El Snai emitió un comunicado asegurando que la entidad prestará la colaboración necesaria para las investigaciones judiciales sobre el caso, pero no se informó sobre más detalles.
En cada intervención realizada por las fuerzas de seguridad a las cárceles, los uniformados requisan decenas de armas, cientos de municiones, explosivos, celulares, dispositivos de comunicación, droga y dinero en efectivo. Los militares y policías han retenido ventiladores, electrodomésticos, parlantes, entre otros. En uno de los pabellones, incluso requisaron animales silvestres como pollos y patos. Además, encontraron una piscina de tilapias.
En la más reciente requisa, las Fuerzas Armadas informaron que retuvieron: 30 pistolas de diferente calibre, 2 fusiles, 849 municiones, 2 cargas explosivas, 169 celulares, 8 radios portátiles, 19 cargadores de pistolas y fusiles, 5 botellas de licor, 4.3 gramos de cocaína, 6.2 gramos de marihuana, USD 2.055 y equipos electrónicos. En esa operación de seguridad participaron 2.000 policías y militares.
La crisis carcelaria tomó fuerza desde febrero de 2021. Desde entonces se cuenta más de diez masacres en las prisiones con más de 400 presos asesinados. Aunque constantemente la fuerza pública realiza operativos dentro de los centros y muestra el decomiso de objetos prohibidos, hay varios cuestionamientos sobre la posible complicidad de las autoridades de las cárceles para el ingreso de las armas, municiones y otros elementos con los que los reos se equipan para los enfrentamientos entre bandas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, han reclamado al Ecuador que retome el control de las prisiones, que reforme el código penal y trabaje en un marco normativo menos punitivista y más enfocado en la prevención y la rehabilitación social.
Mientras tanto, las prisiones continúan bajo el mando de los cabecillas de las distintas bandas locales que, no solo reciben tratos preferenciales, sino que extorsionan a las familias de los otros reos para brindarles comida, un colchón para dormir y seguridad dentro de esos centros carcelarios que, se supone, están a cargo del gobierno.
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