El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua llevó adelante una ola de arrestos durante la noche del miércoles y esta madrugada.
Entre los detenidos, está el periodista William Aragón; la opositora Teresa Mena; Otavio Ortega, hijo del opositor que tiene el mismo nombre; y la madre de la primera víctima fatal en las manifestaciones de 2018: Marycruz Bermúdez. Ella es madre de Richard Pavón. También fue privado de su libertad Harold González González.
Defensores de derechos humanos, activistas y abogados confirmaron las detenciones, de acuerdo a lo que publicó el periódico local La Prensa.
Pablo Cuevas, abogado y defensor de los derechos humanos en el exilio, denunció amenazas contra la organización que preside, la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH).
Estas detenciones, que aún no se sabe el número exacto, se suman a los 35 presos políticos que actualmente están en el país luego de que el pasado 9 de febrero la dictadura expulsara a 222.
“Detenciones masivas en todo el país, buscan propiedades, computadoras y bienes. Es debido el resguardo. La mamá del niño asesinado Richard Pavón Bermúdez ha sido detenida”, informó la activista Yonarqui Martínez en su cuenta de Twitter. También indicó que Teresa Mena fue trasladada a la prisión de El Chipote.
“Las detenciones en Nicaragua son una especie de juego de dominó. Mientras hace expulsiones de nacionales, ingresan nuevos detenidos. Objetivo: tener rehenes”, denunció en otro mensaje.
La activista informó que se realizaron “audiencias en horas de la madrugada, acusando falsamente a ciudadanos inocentes. Están bajo medida cautelar de presentación periódica. Es un verdadero atropello a nuestra legislación”, denunció.
Esta ola de detenciones se produce luego de que el régimen de Daniel Ortega cancelara la personalidad jurídica de una fundación de desmovilizados sandinistas y a otras 19 ONG, incluidas ocho que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas Médicos Sin Fronteras de Bélgica.
La disolución de la Fundación de Desmovilizados y Víctimas de Guerra de los 80s SMP -Servicio Militar Patriótico-, inscrita desde 2006, fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Según el Ministerio de Gobernación, esa fundación de ex combatientes sandinistas fue ilegalizada por “incumplimiento”, debido a que “no reportaron estados financieros del periodo 2010 al 2022″, y su junta directiva estaba vencida desde mayo de 2013.
Con el cierre de esas 20 ONG, suman al menos 3.400 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
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