La Justicia de Bolivia determinó este miércoles ampliar por cuatro meses más la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, por el caso conocido como “golpe de Estado I”.
El juez primero de Instrucción Anticorrupción, Helmer Laura, definió en una audiencia virtual, que duró más de tres horas, ampliar por cuatro meses más la detención en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, porque a su criterio “existen actos investigativos pendientes”.
Camacho participó en la audiencia virtual desde el penal portando la banda que lo identifica como gobernador de Santa Cruz, motor económico de Bolivia.
El líder opositor es investigado por los delitos de terrorismo, cohecho activo y seducción de tropas, entre otros, por los hechos suscitados en la crisis de 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente de izquierda Evo Morales.
En su intervención, Camacho le dijo al juez que “hoy le toca juzgar a un hijo de Dios” y que “confía en la justicia divina”.
“Yo puedo estar más tiempo en la cárcel, pero el delito no va a ser mío, va a ser de quienes tienen a una persona ilegalmente detenida y que ahora buscan ampliarle su detención sólo con fines políticos”, expresó.
Los cuatro meses de detención preventiva iniciales se cumplían el 30 de abril, pero ahora Camacho deberá estar en la cárcel hasta el próximo mes de agosto.
Para este jueves el gobernador tiene programada una audiencia cautelar por otro caso relacionado con los 36 días de paro que hubo en Santa Cruz el año pasado para exigir que el censo se realizara este año y no en 2024, como finalmente dispuso el presidente Luis Arce a través de un decreto.
Camacho fue detenido a finales de diciembre del año pasado y un juez cautelar dispuso en un principio su encarcelamiento preventivo por cuatro meses en Chonchocoro, por el caso “golpe de Estado I” por la crisis de 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Evo Morales. A finales de ese año explotaron violentas protestas promovidas por la oposición que denunció al entonces presidente Morales por cometer fraude en las elecciones de octubre ese año.
El mandatario indígena, en el poder desde 2006, aspiraba a gobernar hasta 2025. Dejó el poder y salió primero a México y luego a Argentina, antes de retornar a su país, tras la victoria electoral del actual presidente Luis Arce en 2020.
Un informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó irregularidades en las elecciones presidenciales de ese año.
Morales fue sucedido por la entonces senadora de derecha Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión desde junio de 2022 por el mismo caso.
(Con información de EFE y AFP)
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