Estados Unidos señaló este lunes las denuncias de abusos a los derechos humanos que han tenido lugar en El Salvador bajo el régimen de estado de excepción promovido por el Gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas, incluido un empeoramiento de la situación de las prisiones.
En su informe anual sobre derechos humanos, Estados Unidos señala que ha habido “numerosos reportes” de arrestos arbitrarios, procesos judiciales injustos, desapariciones y muertes a mano de las fuerzas del orden de El Salvador desde que se impuso el estado de excepción en marzo de 2022.
“Más de 52.000 personas fueron arrestadas durante los primeros seis meses del estado de excepción, llevando a denuncias de hacinamiento y tratos inhumanos en las prisiones”, destaca Washington en su informe.
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Las condiciones en las cárceles “empeoraron” durante el estado de excepción, enfatizó el documento, lo que ha derivado en denuncias de “condiciones sanitarias inadecuadas, escasez de comida y ataques físicos” entre los detenidos.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador ha recibido más de 400 denuncias de posibles abusos humanos en el país durante los primeros 5 meses del estado de excepción, subraya el informe.
Con respecto a la corrupción, el Departamento de Estado afirma que es una lacra que “persiste” en el país, junto con la impunidad.
“La mayor parte de los casos investigados por el fiscal general fueron en contra de funcionarios de Gobiernos anteriores, a pesar de las denuncias de corrupción por parte de funcionarios actuales”, sentencia el documento.
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El reciente traslado a una prisión salvadoreña de 2.000 supuestos pandilleros sin camiseta, esposados, agachados y amontonados fue ampliamente criticado por defensores de derechos humanos por la falta de humanidad en el trato.
Por su parte, una organización de defensa de derechos humanos aseguró el viernes pasado que denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado salvadoreño por “la violación sistemática” de derechos de 66 personas detenidas durante su estrategia ofensiva contra las pandillas.
La denuncia fue presentada ante la CIDH el 7 de marzo por la organización Cristosal en representación de las 66 personas, pertenecientes a “comunidades organizadas del Bajo Lempa”, una zona ubicada en la parte sureste del país, indicó un comunicado de dicha asociación.
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Según Cristosal, esas personas, que actualmente están recluidas, fueron detenidas en distintas fechas durante el régimen de excepción por medio del cual el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa una “guerra” contra las peligrosas pandillas criminales.
El régimen de excepción, que está pronto a cumplir un año de vigencia a fines de marzo, permite arrestos sin orden judicial y se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de 2022.
Desde entonces han sido detenidas más 64.500 personas, la mayoría presuntos pandilleros, pero los métodos del gobierno de Bukele han sido cuestionados por organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch (HRW) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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“Los casos los hemos presentado ante la Comisión Interamericana, porque hemos argumentado que a las personas detenidas se les han violado varios derechos”, indicó en una rueda de prensa el director de litigio estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego.
“Se han violado los derechos a la libertad personal, al debido proceso, la garantía de un juez independiente e imparcial y el derecho a la defensa”, sostuvo Ábrego tras advertir que “lo que hay es una práctica arbitraria de detención de personas”.
Según Cristosal, los familiares de las 66 personas a las que representa no han recibido información sobre su condición de salud.
“Cristosal y los familiares de las víctimas solicitan a la CIDH que solicite al Estado salvadoreño tomar medidas para proteger la vida y la integridad de las víctimas durante su privación de libertad”, indicó el organismo en su comunicado.
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(Con información de EFE y AFP)
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