
Tras del estrepitoso fracaso del proyecto de la Reforma Tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile el pasado miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que no van a insistir con la misma propuesta en el Senado.
Si bien era el único paso legislativo posible para intentar seguir avanzando con la propuesta, los 2/3 que se requieren en la Cámara Alta eran casi imposibles de lograr, puesto que la mayoría de legisladores en el Senado son de oposición.
Por esta razón, el titular de la cartera, y encargado de las arcas fiscales del país, confirmó la decisión el domingo: “Nosotros no tenemos previsto insistir con exactamente el mismo proyecto, ya sea a través del mecanismo de insistencia del Senado o a través de la presentación de un nuevo proyecto en un año más”, aseguró.
“Vamos a iniciar una ronda de consultas a distintos actores económicos, sociales y políticos para definir qué ajustes o qué cambios hacer a la propuesta que fue rechazada para volver sobre el proceso legislativo”, añadió.

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Una de estas iniciativas corresponde a la propuesta de ‘‘Royalty Minero’', proyecto que ingresó al congreso en 2018, impulsado por el actual senador Esteban Velásquez (Frente Regionalista Verde Social) cuando cursaba su primer año legislativo como diputado, representando a la región de Antofagasta, ubicada a poco más de 1.350 kilómetros al norte de la capital Santiago.
“Ante este grave problema que significa el rechazo de la Reforma Tributaria del gobierno, creo que el único medio que nos queda hoy para recaudación fiscal es el royalty minero. Este proyecto lo ingresamos en 2018 contra viento y marea, con la oposición de un sector importante del congreso, pero hoy después de tanto defender los intereses del norte, ya está ad portas de ser Ley de la República, a casi 5 años de su presentación”, sostuvo Velásquez.
El senador por Antofagasta agregó que “el proyecto cuenta con el patrocinio del gobierno, y se requiere ahora que el ejecutivo le ponga suma urgencia, para salvar un tanto lo que ha sido el rechazo de la Reforma Tributaria y permitir así una recaudación fiscal que permita al Estado funcionar mejor y seguir operando los programas sociales que van en directo beneficio de la gente”.
“Sin embargo, no debemos olvidar que parte importante de los recursos de la minería, en el proyecto de royalty, se quedan en las regiones y comunas mineras para obras de desarrollo, porque creemos en el regionalismo y en que el centralismo debe dar espacio a los territorios”, continuó el legislador.
“Esta iniciativa nace en la inmensidad del norte minero, desde los territorios más ausentes en el debate político chileno y más abandonados por el Estado. Hago un llamado a las empresas mineras: Aún hay espacio para aumentar el aporte, un ad valorem de un 3% que nos parece más valioso y que conseguimos el 2021 en la Cámara de Diputados”, concluyó el parlamentario.
Cabe mencionar que el “royalty minero” contempla una recaudación de 0,6% del PIB y que ya se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. En él se modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional de las empresas mineras que produzcan cobre en una cantidad superior a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%. En ese sentido, el proyecto establece que para el cálculo de margen operacional se permite descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación.
De igual manera, entre las modificaciones más notorias que ingresó el Ejecutivo el año pasado al proyecto, se incluye una distribución de sus recursos a regiones, por medio de tres fondos que en total sumarían USD 450 millones. A su vez, a través del “Fondo de compensación de externalidades para las comunas mineras”, 29 comunas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins (zona norte y central de Chile) recibirá una inyección de USD 55 millones anuales.
Cabe mencionar que estas modificaciones fueron parte de las negociaciones de los congresistas con el Ejecutivo chileno en la comisión de Minería y Energía del Senado. En enero de este año, los miembros de dicha comisión aprobaron el proyecto y lo despacharon al órgano de Hacienda, instancia que aún no ha comunicado la fecha de cuándo se reunirán a evaluar el proyecto.
La iniciativa, sin embargo, está bastante avanzada en materia legislativa. Ingresó al Congreso en septiembre del 2018 y en mayo del 2021 fue aprobado y despachado al Senado. Ahora, en este segundo trámite constitucional, solo quedaría que la comisión de Hacienda revise el proyecto y luego lo despache a votación en Sala. Finalmente, la Cámara de Diputados deberá aprobarlo por última vez para que pueda ser despachado a ley.
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