La Justicia uruguaya imputó a Rodrigo “Loly” Fontana con prisión preventiva de 120 días por varios delitos mientras se investiga el caso; tenía una orden de captura internacional y estaba detenido en Brasil desde el año pasado. Fontana es considerado como una de las figuras clave de la banda narcotraficante liderada por el Sebastián Marset, ahora prófugo y requerido por la justicia internacional.
“Se dispuso la formalización por la presunta comisión de continuados delitos de importación y exportación de sustancias estupefacientes, y de tráfico interno e internacional de armas y municiones”, dijo a Telenoche (Canal 4) uno de sus abogados, Martín Frustaci, quien no se opuso a lo dispuesto. La defensa intenta llegar a un acuerdo para un juicio por proceso abreviado y se negó a los siete años de prisión propuestos por Fiscalía. La pena máxima que se le puede aplicar es de 12 años.
“Loly” Fontana tenía un pedido de captura internacional y había sido detenido en Brasil en marzo de 2021. Este mes, el país vecino extraditó a Uruguay al presunto socio de Marset en medio de una investigación que le atribuye haber organizado una red de tráfico de armas en la frontera uruguaya-brasilera, que incluso operaba en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Fontana está vinculado al Primer Cartel Uruguayo (PCU).
Además, se lo vincula a un antentado hacia una Brigada Antidrogas en Uruguay y a las amenazas recibidas por la fiscal de Estupefacientes de 1º turno, Mónica Ferrero; ambos hechos ocurrieron en mayo de 2020. Sin embargo, la defensa del imputado sostiene que no hay elementos vinculatorios entre Fontana y los dos hechos mencionados anteriormente.
La investigación que permitió su captura surgió de la Operación La Niña, organizada por Jefatura de Policía de Rivera en 2018 y cuyo objetivo era dar con el paradero de Fontana. A partir de ese operativo fue que se pudo solicitar en noviembre de 2020 la requisitoria de Interpol a nivel internacional.
Atentado a Brigada Antidrogas y amenaza a fiscal
El 9 de mayo un artefacto explosivo fue colocado en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas -localizada en Montevideo-. El objeto explotó en el estacionamiento y, aunque no hubo heridos, varios vehículos fueron dañados.
Al día siguiente del atentado llegó la amenaza a la fiscal especializada en Estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero. “Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, decía el mensaje, que estaba firmado con las siglas del PCU.
Por esa amenaza fue condenado a prisión el hijo del contratista de fútbol, Gerardo Arias, quien tenía el celular desde donde se envió la amenaza. Fiscalía aseguró que, aunque Arias no reconoció la autoría, sí afirmó haber facilitado el dispositivo a través del cual se concretó la amenaza, además de haber compartido los datos móviles.
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