Fieras batallas se libran ahora en el departamento de Santa Cruz entre el ejército de cocaleros y los propietarios originarios de las tierras, mientras en La Paz los productores de coca de Yungas pelean en las calles contra el deseo del gobierno de abrir un mercado ilegal para la coca.
Después de que los policías pidieron protección por los ataques que reciben de los avasalladores de tierras que se proponen convertirlas en cocales, el gobierno ha enviado refuerzos, que han terminado siendo insuficientes, pues las batallas se mantienen. El ejército está ocupado controlando puestos aduaneros.
Mientras estas dos guerras están sin control, Bolivia se ha convertido en el primer importador de mercurio, que sirve para las explotaciones ilegales de oro en los ríos de la región amazónica, donde operan las pistas clandestinas de los narcotraficantes, que son más de mil.
El oro es explotado por empresas chinas que en los últimos cinco años han hecho que las importaciones de dragas para uso minero pasen de 9 a 600 toneladas por año, y ahora hagan posible que las exportaciones de oro a la India lleguen a 977 millones de dólares entre enero y junio, más de la mitad de todas las exportaciones. La ventaja de los chinos es que no pagan impuestos debido a una alianza que tienen con las cooperativas bolivianas.
El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que su colega de Defensa, Edmundo Novillo, se opone al uso de radares para detectar el tráfico de las avionetas que traen droga del Perú y la llevan a los vecinos junto con la boliviana.
La explicación del ministro de Defensa es que los radares están en proceso de ensamblado y que el trabajo está avanzado en 90%. Los 13 radares llegaron a Bolivia en 2015 y al parecer los manuales para ensamblarlos están en idioma chino. En realidad, el ministro Novillo no dio ninguna explicación para esta demora.
Esta diferencia entre dos ministros del presidente Luis Arce respalda la versión de que el ministro de gobierno está operando en coordinación con la DEA de Estados Unidos, la que le permite tener una visión global del fenómeno del narcotráfico.
Gracias a esa información se ha conocido que la cocaína con destino a África y Europa es llevada desde Bolivia por agentes del paulista Primer Comando da Capital, que opera a su vez en coordinación con una mafia calabresa.
Y también se sabe que en este momento el precio del sulfato de cocaína ha caído en Bolivia como resultado de la llegada de siempre mayores volúmenes de “pasta base” peruana, volúmenes que crecieron abruptamente desde que Pedro Castillo es presidente del Perú. Castillo es admirador de Evo Morales, quien le aconsejó legalizar las plantaciones ilegales de coca del VRAEM (Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro), en la amazonia peruana.
Los productores de coca de Chapare están molestos con la caída del precio de la pasta base y por ello han optado por extender sus cultivos sobre el departamento de Santa Cruz, en la provincia Guarayos, donde se están dando las batallas con los lugareños, mientras el gobierno mantiene una actitud equidistante.
El narcotráfico vive el mejor de sus momentos a pesar de la caída del precio del sulfato. Pero las batallas de Guarayos provocan problemas al resto de la economía. Los transportistas de carne y ganado de Santa Cruz han decidido dejar de trabajar mientras los caminos estén cortados por los soldados del ejército de Evo Morales, a los que solo les interesa apoderarse de las tierras para convertirlas en cocales.
Que los radares bolivianos no funcionen permite que las avionetas con droga lleguen hasta los países vecinos, comenzando por Argentina. Allí, en Tartagal, Salta, existía un puesto de radares instalado por un gobierno anterior, pero ahora ha sido desmantelado. Todo esto es un regalo para los narcotraficantes, que llevan la droga boliviana a Argentina y Paraguay, además de Brasil.
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