El Salvador cumple este lunes su centésimo día bajo el estado de excepción decretado a finales de marzo para aplacar una oleada de violencia que azotaba la nación centroamericana y mediante el cual el Ejecutivo está capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar el despliegue de militares y policías en las calles.
Así, desde el 30 de marzo se han sucedido los encarcelamientos de presuntos pandilleros, en concreto 43.567 capturados, acusados de pertenecer a grupos delictivos. Estas detenciones masivas han despertado las críticas de opositores y defensores de los Derechos Humanos, que ven en esta práctica detenciones arbitrarias.
Asimismo, fuentes internas del Instituto de Medicina Legal han cifrado en 56 los reos fallecidos, según apunta el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, que recoge también que se han presentado más de 2.200 denuncias por vulneraciones de derechos, así como 409 ‘habeas corpus’, en su mayoría no resueltos.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y su Ejecutivo han defendido en reiteradas ocasiones que las autoridades han puesto en marcha una “guerra contra las pandillas”, aunque a pesar del elevado número de detenidos, se siguen registrando homicidios en el país, más de 62 fallecidos desde finales de abril.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación por la situación de la población salvadoreña mientras se ejecuta este estado de excepción, que ya ha sido prorrogado en hasta cuatro ocasiones, la última de ellas hasta finales del mes de julio.
Además de las detenciones, amparándose en el estado de excepción, el Gobierno de El Salvador también ha llevado a cabo otras medidas como la reforma de una ley que penaliza la reproducción ilegal de mensajes alusivos a pandillas en los medios de comunicación, o la creación de una ley de recompensas para aquellos que delaten a presuntos pandilleros.
Alejandro Díaz, abogado de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández”, dijo este miércoles que lo que les “preocupa es que claramente habrán este tipo de situaciones arbitrarias o detenciones injustas”.
“No deben de seguirse dando porque para eso están las instituciones que deben investigar” y “no hacer redadas esperando que todos sean responsables”, respondió a preguntas de EFE.
Agregó que las instituciones estatales deben “ayudar a estas personas” detenidas que no pertenecen a las pandillas y también actuar para “llevar a la Justicia” a los responsables de crímenes.
Díaz dijo estas palabras tras la presentación de al menos 15 habeas corpus ante la Corte Suprema por familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción.
El presidente Bukele ha informado de que las autoridades mantendrán la medida hasta asegurarse de que todos los pandilleros del país estén “entre rejas” y ya adelantó que su Gobierno “arreciará” en la lucha contra los grupos criminales.
El jefe de Estado salvadoreño apuntó también la semana pasada que lo vivido hasta la fecha “no es nada” en comparación con lo que sucederá en adelante. “Lo que viene es mucho mayor”, aseveró Bukele, que anunció que reforzará la seguridad en las calles y se exprimirán al máximo las capacidades de las que dispone tanto la Policía como las Fuerzas Armadas.
(Con información de EP y EFE)
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