El senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, anunció la radicación del proyecto de ley Ana Lucía Pineda, una iniciativa que plantea obligar a las fundaciones que reciben donaciones de ciudadanos o recursos con beneficios tributarios a rendir informes sobre el destino de esos dineros.
El congresista de oposición explicó que la propuesta busca establecer controles sobre las organizaciones que recolectan aportes en nombre de causas sociales, educativas, sanitarias o comunitarias.
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De acuerdo con lo que sostuvo Ocampo por medio de una publicación acompañada de un video desde su cuenta de X el martes 27 de octubre, los donantes deben conocer el uso final de los recursos que entregan.
“Radiqué el Proyecto de Ley ‘Ana Lucía Pineda’. Tras el terremoto, los colombianos donaron, y aún no sabemos qué se hizo con ese dinero”, inicia el mensaje por parte del congresista.
El congresista de oposición impulsa la iniciativa que surgió tras la polémica por los destinos y la ejecución de los fondos y donaciones que recolectó la Fundación Colombia y Luz y Sonrisas de la primera dama Ana Lucía Pineda - crédito @alejoocampog/X
El senador expresó que “cuando un país cede sus rentas, lo mínimo es saber: quien dona a una fundación del Régimen Tributario Especial puede descontar el 25 % de lo donado de su impuesto de renta”.
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Por este motivo, Ocampo expuso como ejemplo que “en otros países, rendir cuentas de cada colecta es una obligación, no un favor”.
“Quien pida plata al público deberá informar, por el mismo medio, cuánto recibió y en qué la gastó. Sin trampas ni gabelas a la norma”, concluyó la publicación del congresista.
La iniciativa incluye reportes sobre donaciones que se descuentan de impuestos
Uno de los ejes del proyecto se enfoca en las fundaciones que reciben aportes de empresas y cuyos donantes acceden a descuentos tributarios.
Ocampo planteó que esas entidades deberán entregar información sobre la destinación de los recursos vinculados con esos beneficios.
El senador cuestionó que algunas organizaciones tengan nóminas con remuneraciones elevadas o gastos que no son conocidos por quienes entregan los recursos. Por lo anterior, el congresista de oposición advirtió: “Van a tener que darnos un informe sobre qué se gastan los impuestos”.
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La iniciativa buscaría que las fundaciones publiquen reportes que permitan verificar el manejo de las donaciones y el cumplimiento de los objetivos anunciados al momento de solicitarlas.
Ocampo cuestionó las donaciones recolectadas en establecimientos comerciales
El proyecto también contempla reglas para las campañas de recaudo efectuadas en supermercados y otros comercios, donde los clientes hacen contribuciones voluntarias al momento de pagar sus compras.
Ocampo mencionó como ejemplo las fundaciones vinculadas a Éxito y Carulla, donde existen urnas o mecanismos de recaudo para que los consumidores entreguen dinero. El senador sostuvo que esos aportes deben figurar a nombre de los ciudadanos que los realizaron y no como contribuciones de las empresas.
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“Que siga la práctica, pero que se presente a nombre de los colombianos que van y donan, que no se descuente con impuestos”, detalló el congresista.
El proyecto Ana Lucía Pineda deberá iniciar su trámite en el Congreso de la República, donde se definirá si avanza a los debates en comisión y plenaria.
Dian confirmó que Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de Ana Lucía Pineda, tiene su documentación al día para operar
La Dian confirmó el 13 de octubre de 2026 que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la primera dama Ana Lucía Pineda, está habilitada para recibir donaciones y pertenece al Régimen Tributario Especial, en medio de cuestionamientos sobre los recursos destinados a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.
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La autoridad tributaria precisó que la organización tiene vigente su Registro Único Tributario y que las versiones sobre una supuesta falta de reconocimiento ante la administración o su exclusión del régimen especial “no corresponden a su situación jurídica actual”.
El balance divulgado el 16 de octubre detalló la canalización de $54.589.523.791 para ayuda humanitaria y proyectos de reconstrucción en las zonas afectadas.
La rendición de cuentas abarcó las donaciones privadas recibidas entre el 7 de julio y esa fecha.
Las dudas sobre la habilitación para recaudar fondos surgieron tras un informe de Noticias Uno y fueron amplificadas por congresistas de oposición y el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador.
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La Dian explicó que una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida puede recibir donaciones para desarrollar su objeto social aunque no esté inscripta en el Régimen Tributario Especial. La diferencia para los aportantes es que las organizaciones incluidas en ese esquema pueden expedir certificados que dan acceso a los beneficios tributarios previstos por la ley.
La fundación afirmó que su condición tributaria “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de su labor social”.
Aportes privados y primera respuesta a la emergencia
El Grupo Gilinski aportó el 81% de los recursos recibidos por Colombia Luz y Sonrisas. La organización indicó que el dinero se destinará a atender las necesidades de la emergencia y a recuperar infraestructura educativa, sanitaria y habitacional.
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La entidad aseguró que no recibió ni administró recursos públicos. Sus gastos administrativos durante el período informado fueron de $11.916.639.
La administración de los aportes está sujeta a los compromisos definidos con cada donante y al seguimiento de las iniciativas financiadas, y la información financiera formó parte de la rendición de cuentas presentada por Pineda sobre las ayudas iniciales y las obras previstas para los meses siguientes.
Durante la primera fase de atención, la fundación movilizó 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria y alcanzó a más de 48.000 personas en 80 municipios. Para esas tareas dispuso de más de 30 centros de acopio, 1.250 voluntarios, el respaldo de más de 100 empresas y 24 compañías de transporte y logística.
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La estrategia ‘Un Corazón Contigo’ reunió a 600 profesionales voluntarios para ofrecer acompañamiento psicológico y emocional a las personas afectadas por el terremoto. Tras la distribución inicial de suministros, la gestión se enfocó en la recuperación de colegios, centros de salud y viviendas.
Obras educativas, sanitarias y de vivienda
La segunda etapa contempla intervenir seis instituciones en Cali: tres establecimientos educativos y tres centros de salud, en alianza con la Fundación Solidaridad por Colombia. El valor estimado de esos proyectos asciende a $61.988 millones.
La fundación aprobó un aporte inicial de $6.400 millones para una fiducia. Las obras educativas prevén beneficiar a 3.300 estudiantes, mientras que la recuperación de la infraestructura sanitaria busca restablecer la atención para aproximadamente 152.000 pacientes mensuales.
El avance de las intervenciones dependerá de revisiones técnicas, financieras y de verificación. Los proyectos buscan recuperar espacios para la prestación de servicios y el retorno de las comunidades a sus actividades habituales.
El componente habitacional incluye iniciativas en Quibdó, el Eje Cafetero y Dosquebradas, en Risaralda. Los planes prevén construir 35 viviendas nuevas y realizar dos mejoramientos con la participación de cuatro aliados.
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