Fuertes controles de seguridad y denuncias de represión rodearon este lunes el primer día del juicio a los artistas y disidentes cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, El Osorbo.
Otero Alcántara y Castillo, para los que la fiscalía pide 7 y 10 años de cárcel, respectivamente, llevan en prisión provisional desde el año pasado. Las ONG pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han exigido que sean liberados “de inmediato y sin condiciones”.
La vista, con una segunda sesión prevista para este martes, se celebró en el Tribunal de Marianao de La Habana, que amaneció rodeado de agentes de la seguridad del Estado.
Un cordón policial a más de un centenar de metros del tribunal permitía sólo el acceso a vehículos autorizados y a algunos familiares.
Ni medios de comunicación internacionales ni ONG tuvieron acceso al juicio. Tampoco representantes de legaciones diplomáticas europeas, que se acercaron al tribunal.
Diplomáticos de Países Bajos, Alemania, República Checa, Reino Unido, Noruega y Suecia se personaron en los alrededores de la sede del tribunal, pero no pudieron acceder a su interior.
“Simplemente queremos entrar para observar el juicio”, explicó un diplomático alemán en declaraciones a medios internacionales. “Queremos que se respeten los derechos humanos en todos los lugares y países”, agregó.
Juan Pappier, investigador sénior de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, aseguró en Twitter haber recibido “denuncias creíbles de cortes de Internet, intimidaciones y restricciones para que activistas y periodistas no puedan presenciar el juicio o acceder a su interior”.
“Los Gobiernos democráticos de América Latina y Europa deben exigir su liberación”, agregó.
La ONG Cubalex aseguró en esta misma línea que “varios activistas y periodistas cubanos han amanecido bajo vigilancia policial para que no puedan asistir al juicio o cubrirlo como reporteros”.
También denunció “episodios de violencia contra familiares de activistas que se enfrentaron al cerco y salieron de su casa, como ocurrió con la hermana del actor y activista Daniel Triana”.
Activistas calificaron de farsa el proceso y exigieron un juicio público y televisado. Varios denunciaron en redes estar sitiados en sus domicilios y cortes de Internet.
Los medios oficiales cubanos no informaron sobre el juicio.
En varias ciudades de otros países, como EEUU y España, se celebraron concentraciones de protesta.
PETICIÓN DE LA FISCALÍA
La Fiscalía cubana solicitó el pasado marzo 7 y diez años de cárcel, respectivamente, para Otero Alcántara y Castillo.
Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI) y en la cárcel desde el pasado 11 de julio, está acusado de los presuntos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Amnistía Internacional lo considera un preso de conciencia.
Al rapero Castillo, en prisión desde mayo de 2021, se le imputan los presuntos delitos de desacato, “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”, atentado y desórdenes públicos.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha exigido la liberación inmediata de Castillo, pues considera que el proceso en su contra es ilegal.
Este juicio no está ligado a las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado. Se los juzga por unos controvertidos hechos acaecidos el 4 de abril de 2021.
Ese día, El Osorbo, cointérprete del tema “Patria y vida” -posteriormente lema de las protestas del 11 de julio-, fue arrestado tras un encontronazo con unos agentes, aparentemente porque su acompañante no llevaba mascarilla.
Tras el hecho, Castillo huyó, con unas esposas en una muñeca, a la casa de Otero Alcántara y gritó desde allí consignas contra el régimen, según la Fiscalía.
El cantante no fue detenido hasta un mes más tarde y desde entonces permanece en prisión.
La Fiscalía recoge además en su escrito otros hechos previos que considera constitutivos de delito por parte de los dos disidentes.
Entre ellos, “escritos ofensivos contra la bandera” en las redes, publicar “memes” en Facebook para “ridiculizar y desacreditar” al presidente del país y acusar al régimen en una directa en redes de “la falta de recursos médicos” durante la pandemia.
La causa incluye a otros tres investigados: Félix Roque Delgado (petición de 5 años de cárcel por atentado), Juslid Justiz Lazo (5 años de trabajo correccional con internamiento por atentado) y Reina Sierra Duvergel (3 años de trabajo correccional sin internamiento por atentado).
(Con información de EFE)
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