La dictadura cubana condenó a 128 personas a un total de 1.916 años de cárcel por hechos relacionados con las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en La Habana. Se trata de 15 años de condena en promedio.
De ese total, dos cubanos fueron condenados a 30 años de prisión, uno a 26 años, tres a 25, ocho a 23, tres a 22, otros tres a 21 años, 11 a 20 años de cárcel, cuatro a 19 y 11 a 18.
El desglose se completa con seis ciudadanos condenados a 16 años de cárcel, nueve a 15, 10 a 14, seis a 13 años, 17 a 12, cinco a 11, 10 a 10 años, cuatro cubanos a 9, ocho a ocho años, cuatro a siete y otros dos a seis años.
Todas son sentencias finales de cárcel para los manifestantes de La Güinera y esquina de Toyo en La Habana.
El Tribunal Supremo de la República informó en una nota de prensa de seis sentencias relativas a los hechos acaecidos en los municipios capitalinos de Diez de Octubre y Arrojo Naranjo, donde se produjeron algunos de los incidentes más violentos de las manifestaciones de ese día, que fueron en general pacíficas.
De hecho, el único muerto reconocido oficialmente en estas protestas se registró en La Güinera (Arroyo Naranjo), donde un hombre fue abatido por disparos de un policía.
El proceso del Tribunal Provincial Popular de La Habana, celebrado entre el 14 de diciembre y el 3 de febrero, contaba con 129 imputados, de los que 128 han sido condenados.
Un total de 127 han recibido penas de cárcel -de entre 6 y 30 años- y una persona recibió una pena de 4 años “de trabajo correccional sin internamiento”. Solo un encausado fue absuelto.
La nota del Supremo no hizo referencia a las edades. Según la ONG Prisoners Defenders, entre los condenados hay siete jóvenes de 16 y 17 años, que han recibido penas de entre 7 y 19 años de prisión, y otro más, que es el que recibió la pena de trabajo correccional.
En Cuba la edad penal mínima son 16 años. El Código Penal (artículo 17.1) contempla la posibilidad de reducir a la mitad las penas de las personas de 16 y 17 años.
Los enjuiciados, investigados principalmente de sedición y hurto, estaban acusados de “graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”, según el Tribunal Supremo.
(Con información de EFE)
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