La Comisión de Fiscalización del congreso ecuatoriano aprobó su informe sobre el sistema de corrupción que Álex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro que esrá siendo juzgado en Estados Unidos, montó en ese país. El documento concluye que hubo irregularidades en el uso del sistema de compensación Sucre, que habría servido para lavar dinero de la corrupción en Venezuela a través de exportaciones ficticias para la construcción de la vivienda popular en ese país. Las transacciones se realizaron a través de la filial ecuatoriana de Fondo Global de Construcciones (Foglocons), empresa de Saab.
Saab habría utilizado al sistema de compensación de los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) para lavar dinero a través del pago por exportaciones ficticias o subvaloradas entre Ecuador y Venezuela. Saab habría lavado dinero durante el gobierno de Rafael Correa, quien fue sentenciado por actos de corrupción y está prófugo.
El Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), conocido como la moneda virtual del ALBA, es un mecanismo monetario que tenía como propósito la canalización de pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre sus países miembros: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. El sistema, creado en el ALBA, se basa en la utilización de una moneda virtual para el registro de las operaciones exclusivamente entre los bancos centrales, en tanto que la liquidación local –pagos a exportadores y cobros a importadores– se efectúa con las respectivas monedas nacionales de los países miembros.
La trama de corrupción de Saab habría ayudado a lavar USD 2.000 millones entre los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa. El sistema habría funcionado así, según el portal Periodismo de Investigación, el dinero que entraba al Banco Central de Venezuela como pago a los exportadores ecuatorianos se transformaba en “Sucres” multiplicando exponencialmente el valor original en dólares. Luego esos “sucres” eran transferidos sin supervisión internacional al Banco Central del Ecuador que los transformaba nuevamente en dólares. Después de esa conversión, el Banco Central del Ecuador depositaba el dinero en las cuentas de los exportadores, quienes enviaban contenedores vacíos a Venezuela y repartían el dinero entre los funcionarios involucrados en operaciones con paraísos fiscales.
El informe de la comisión señala que la investigación de los legisladores se basó en documentos oficiales y bases de datos obtenidos de las instituciones públicas involucradas en la operatividad del Sistema Sucre, así como también, de libros y reportes de investigación periodística, que dan cuenta de la “gran red” que tejió Alex Naim Saab Morán, su holding de empresas lideradas por Foglocons, junto con los señores Álvaro Pulido Vargas –socio de Saab–, Luis Eduardo Sánchez Yánez –socio de Foglocons Ecuador–, Jaime Sánchez Yánez –asesor de Correa, hombre de confianza de Chávez y hermano de un socio de Foglocons Ecuador.
Además de la información documental que recibió la comisión, también hubo 23 comparecencias de ex autoridades, ex funcionarios y de Luis Eduardo Sanchez Yánez, socio de Foglocons en Ecuador.
El documento aprobado también da indicios de que la campaña de reelección en 2013 del ex presidente Rafael Correa pudo haberse financiado con dinero proveniente de las exportaciones ficticias que la empresa de Saab efectuó.
El documento aprobado con cinco de siete votos –los dos votos en contra fueron de los legisladores correistas– explica que “el poder político y las decisiones tomadas por los presidentes de ese entonces de la República Bolivariana de Venezuela (Hugo Chávez) y de la República del Ecuador (Rafael Correa), viabilizaron y otorgaron opacidad en la ejecución de todos los actos contrarios a la ley” como el lavado de activos, el mismo delito por el que Saab es investigado en Estados Unidos.
Según la comisión legislativa ecuatoriana, Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas “tendrían redes con el narcotráfico internacional” que habrían operado con el sistema SUCRE. El informe indica que el entonces fiscal general del Ecuador, Galo Chiriboga, y el entonces gerente del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba, a pesar de conocer sobre esos nexos, no hicieron nada, por ello: “El crimen organizado transnacional opera, en absoluta libertad frente a la ausencia deliberada de acciones y controles”, se lee en el informe.
Entre las conclusiones del informe “se identifica una posible red de corrupción política de carácter transnacional, no solo contra la República del Ecuador, sino también contra la propia República Bolivariana de Venezuela”. Además, señala como cómplices a los presidentes de Ecuador y Venezuela que gobernaron entre 2010 y 2014: “Con este informe se presume la existencia de todo un aparataje debidamente estructurado desde el poder político que representaban los presidentes a la época de la República del Ecuador Rafael Correa Delgado y de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías (+), y Nicolás Maduro Moro”.
El dinero que se habría lavado a través de la conversión de bolívares a dólares como supuestos pagos de materiales de construcción se habría depositado en cuentas en paraísos fiscales y en Estados Unidos, por ello en las recomendaciones de la comisión se establece que “se remita el presente informe a la justicia Norteamérica, a fin de que en el ámbito de sus competencias investigue el sistema SUCRE que se utilizó como un mecanismo para lavar dinero que sería transferido a cuentas en los Estados Unidos de América”. Las otras recomendaciones están dirigidas a las autoridades nacionales para que se investigue, en el ámbito de sus competencias, a los funcionarios relacionados con este caso que estuvieron en las instituciones del Estado entre 2010 y 2014, así como a las empresas que utilizaron el sistema SUCRE.
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