Un estudio elaborado por el Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción determinó que el régimen de Nicaragua habría ocultado de 6.000 a 9.000 muertes por COVID-19 entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, informaron este viernes sus autores.
“El Estado ocultó entre 6.000 y 9.000 muertes provocadas por el COVID-19, las cuales fueron registradas como otras patologías”, concluyó el estudio, titulado “COVID-19 y opacidad: La fórmula de muerte en Nicaragua”, que fue presentado en teleconferencia de prensa.
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Los investigadores de ese Observatorio, que pidieron el anonimato alegando razones de seguridad, llegaron a dicha conclusión tras contrastar los datos divulgados por el régimen del presidente Daniel Ortega con estudios de mortalidad del Comité Científico Multidisciplinario, del Observatorio Ciudadano COVID-19, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), del medio digital Confidencial, y estadísticas oficiales de los países vecinos.
El gremio médico de Nicaragua ha estado en el centro del debate de la pandemia por las críticas al régimen y al menos 16 doctores han sido despedidos de hospitales públicos sin explicaciones, tras reclamar equipos de bioseguridad y recomendar medidas de prevención nacional.
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El Parlamento, controlado por el oficialismo, canceló la personería jurídica a 24 ONG, la mayoría médicas, a solicitud del Ejecutivo, después de que la vicepresidenta Rosario Murillo los acusara de ser “falsos médicos y con falsos pronósticos”.
SEÑALAN SUBREGISTRO
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De acuerdo con los investigadores, en los primeros 20 meses de pandemia, el Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua reportó 211 fallecidos por COVID-19 y 5.947 contagios, mientras que el Observatorio Ciudadano identificó 5.945 muertes y 31.224 casos sospechosos.
“Esto (datos del Observatorio Ciudadano) es 1,7 veces más casos sospechosos y 28 veces más de muertes que los que reportó el Minsa, cuya cifra es muy baja, probablemente existe un subregistro”, dijo el investigador a cargo de la exposición, quien recordó que es improbable que en Nicaragua haya muerto exactamente un ciudadano cada semana desde octubre de 2020.
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Según el estudio, “mientras en el resto de países de Centroamérica mueren cada semana entre 6 y 11 personas por cada 10.000 habitantes, en Nicaragua no moría nadie”.
Señaló además que el “subregistro” posiblemente ocurrió porque “muchos contagios fueron asintomáticos, los tomaron como una gripe común, o no se reportaron como COVID-19″.
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A eso le sumó el poco acceso que existe en Nicaragua para realizarse las pruebas PCR, cuyo manejo es exclusivo del Ministerio de Salud, y únicamente están disponibles a 150 dólares para quienes viajen fuera del país, personal médico y pacientes graves.
Como resultado, Nicaragua refleja la menor cantidad de contagios en Centroamérica, según las cifras oficiales.
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MANEJO DE LA PANDEMIA
El investigador insistió en que eso reflejaba la “opacidad” de los datos sobre el COVID-19, ya que mientras en los países vecinos se realizan entre 56 y 111 pruebas PCR por cada 1.000 habitantes, a nivel local la media es de “cero”.
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El estudio también concluyó que existe “responsabilidad de las autoridades tras la negación de la pandemia, la falta de toma de medidas, y luego un encubrimiento del mal manejo para vender a la población que el Estado se preocupó por ellos e hizo todo lo posible por salvarlos”.
Señaló que “las estadísticas oficiales son escasas, confusas y cuestionadas por la comunidad médica y la Organización Panamericana de la Salud”, y que “los datos públicos no permiten conocer los grupos más afectados o el impacto en el personal de salud”.
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“La crisis del COVID-19 mostró las debilidades estructurales del sistema de salud nicaragüense, pero también del régimen político gobernante caracterizado por su autoridad, secretismo y violaciones graves de derechos humanos que han causado una grave crisis humanitaria, una de las más destacables de la región”, puntualizó.
(Con información de EFE)
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